El juez Peinado imputa a Begoña Gómez por presunta malversación y la cita a declarar

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado imputar a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, un presunto delito de malversación de caudales públicos por la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha fijado la citación como investigada de Gómez para el día 11 de septiembre a las 10:30. La esposa de Pedro Sánchez ya figuraba como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.

Aunque el juez ya había empezado a investigar la presunta malversación en el marco de la contratación de Cristina Álvarez, de momento no había imputado dicho delito a Gómez.

El instructor ha visto pertinente tomar declaración también como investigada a la propia Álvarez, a quien cita el día 10 de septiembre, a las 11:00 horas. Cabe recordar que la trabajadora de Moncloa ya ha declarado como testigo y como investigada en este procedimiento, aunque el pasado junio la Audiencia Provincial de Madrid anuló su testifical y validó únicamente lo que manifestó en su declaración como investigada

Peinado se sirve del auto de la Audiencia Provincial para justificar la imputación

Peinado ha acordado citar a Álvarez a raíz del pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Madrid, que le emplazó a centrar la investigación e instó a fijar los indicios de responsabilidad que se le podrían imputar la asesora.

Para justificar la imputación del delito de malversación a Gómez y Álvarez, el juez incluye un extracto del auto de la Audiencia Provincial. “Otro dato más a considerar es el de la amistad personal previa siendo la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza, sirviendo a las actividades privadas de Begoña Gómez, que se pretenden mejorar con este nombramiento”, apuntaban los magistrados.

Ello, para la Audiencia Provincial, “podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados y, lo que es más importante, ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la Presidencia del Gobierno”.

“Es, por tanto, procedente citar en calidad de investigadas, por el supuesto delito de malversación de caudales o efectos públicos a Cristina Álvarez y a Begoña Gómez”, concluye ahora Peinado.

La decisión del instructor supone un cambio de criterio respecto a lo que concluyó el pasado mayo, cuando imputó al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, un delito de malversación por la contratación de la asesora durante su etapa en Moncloa y descartó investigar a Gómez y Álvarez por dicho delito al considerar que no tenían responsabilidad en el nombramiento.