Víctor Álvarez Puga: ¿Cómo operaban las empresas del esposo de Inés Gómez Mont?

El empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la presentadora de TV Inés Gómez Mont y prófugo de la justicia mexicana, se encuentra detenido en un centro de procesamiento en Florida, Estados Unidos.

De acuerdo con un documento judicial fechado el pasado 15 de octubre, Álvarez Puga fue detenido el pasado 24 de septiembre por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y trasladado al centro de procesamiento North Krome, en Miami, por su situación irregular en el país vecino.

El documento señala que Álvarez Puga ingresó a Estados Unidos el 14 de enero de 2021 y tenía permiso para permanecer en el país hasta el 13 de julio del mismo año.

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Salió del país el 9 de julio con rumbo a las Bahamas, pero regresó, por barco, un día después. El día 11 de julio, solicitó asilo en Estados Unidos, alegando que en México sufría persecución “por sus creencias políticas conservadoras” y que tenía “miedo de regresar a México debido a sus opiniones políticas y a su pertenencia a un determinado grupo social”.

La solicitud fue presentada ante los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), y aún está pendiente. El mexicano fue detenido con fines de deportación, al no estar legalmente en Estados Unidos.

En el documento judicial, el mexicano cuestiona su detención y reclama su derecho a fianza. La juez de Distrito Cecilia M. Altonaga determinó que, en efecto, el detenido tiene derecho a una audiencia individual de fianza y exige se le asigne una fecha para ello o, de lo contrario, sea liberado.

En México, Álvarez Puga y su esposa, presentadora de televisión cuyo paradero se desconoce, tienen orden de detención emitida por la Fiscalía General de la República en 2021 por lavado de dinero, delincuencia organizada, peculado y defraudación fiscal.

¿Cómo operaban las empresas de Manuel Álvarez Puga?

Las investigaciones apuntan a que Álvarez Puga y su hermano Alejandro crearon y gestionaron un complejo entramado de sociedades mediante su despacho Álvarez Puga & Asociados, con alcance en más de 40 ciudades del país.

Esta firma, con un perfil público de asesoría fiscal y legal, operó una estructura paralela dedicada a la constitución de compañías fachada, o “factureras”, cuya función era simular operaciones comerciales con organismos oficiales. El principal cliente de las empresas pantalla fue el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación.

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Las empresas factureras firmaban contratos que justificaban movimientos multimillonarios bajo el amparo de licitaciones públicas. Según la FGR, el despacho se encargó de formalizar empresas de papel sin actividades reales, personal o infraestructura propia.

A través de estos entes simulados, se emitieron comprobantes fiscales digitales a cambio de recursos públicos y, en múltiples ocasiones, el dinero se dispersó hacia cuentas ligadas a los principales involucrados.

La investigación oficial sostiene que la red encabezada por Álvarez Puga simuló transacciones con la finalidad de encubrir el desvío sistemático de fondos federales.

*Con información de SUN

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MV