¿Va España como un cohete? Las tareas pendientes del Gobierno que las 'cifras macro' no consiguen resolver

“España es uno de los países que mejor está funcionando en Europa. Un país con unas cifras de crecimiento y empleo récord, con los niveles de desigualdad y pobreza más bajos de la última década y media, con el segundo poder adquisitivo que más crece en la OCDE, con un tejido productivo y un sistema de movilidad cada vez más verdes, y con una voz internacional respetada y reconocida en el planeta”, aseguraba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 28 de julio mientras presentaba el balance de los dos años de legislatura. La línea argumentativa del Ejecutivo es clara: el país “funciona y avanza”. Y en líneas generales es cierto, los datos españoles son de los mejores de toda la Unión Europea. Sin embargo, hay una realidad cotidiana alejada de esta celebración. 

En 2024, la economía española creció un 3,2% convirtiéndose en una de las que más lo hacían en Europa. Además, se espera que esto siga siendo así en 2025, con una estimación de entre el 2,5% y el 2,8%. Por otro lado, la inflación —uno de los mayores ‘demonios’ que ha protagonizado la actualidad en los últimos tiempos— ha disminuido, llegando al mínimo en septiembre del curso pasado y logrando una estabilidad del 2,4%. A todo ello, se le suma una cifra de afiliados a la Seguridad Social y una tasa de empleo récord desde la aprobación de la reforma laboral que ha logrado un hito en la historia reciente del país logrando que más de 22 millones de personas estén trabajando en la actualidad.

Unos datos de los que el Ejecutivo siempre presume a la hora de reflejar la situación del país. Sobre todo después de los numerosos escándalos de corrupción que protagonizaron la actualidad política durante algunos meses del verano. “España se ha convertido en un referente del mundo por los avances que estamos produciendo donde, al contrario que cuando gobernaba el Partido Popular, no hemos dejado a nadie detrás”, decía Sánchez acerca de la gestión que ha llevado su Gobierno a lo largo de las dos legislaturas que ha presidido. 

Además, España ha adoptado una política migratoria —uno de los asuntos que más protagonizan la actualidad política— más flexible que ha permitido la regularización de decenas de miles de trabajadores y la concesión de permisos de residencia por razones laborales. Este hecho ha cubierto vacantes en hostelería, construcción, cuidados y agricultura, sectores esenciales para el crecimiento. El otro gran motor ha sido la ejecución de los fondos europeos Next Generation: hasta finales de 2024, se habían invertido más de 48 mil millones de euros en proyectos de digitalización, movilidad sostenible, energías renovables e infraestructuras.

Lo que los datos ‘macro’ no cuentan

Mientras los datos macroeconómicos reflejan el crecimiento español, convertido en la envidia del resto de sus países de su entorno, la realidad cotidiana choca directamente con lo mencionado anteriormente. Esto ha supuesto uno de los grandes rompecabezas para el Ejecutivo que es consciente de que, pese a las gráficas, la vida real no es tan agradecida con la ciudadanía. Un porcentaje muy significativo de la población vive marcada por la tensión económica, la desigualdad y con la calculadora al lado de la mesa para ver si es posible llegar a fin de mes.

En ese escenario entra en juego la vivienda: la segunda mayor preocupación del país especialmente en los sectores más jóvenes, donde la mayoría ve imposible llegar a independizarse completamente hasta pasados los 30 años de edad. Además, tanto el precio del alquiler como el de compra de inmueble se ha disparado en los últimos años. Entre 2021 y 2024 el primero subió hasta un 27% y si se echa la vista hasta hace una década, según Fotocasa, el precio acumulativo de la vivienda ha subido hasta un 94%. Un factor que hace que la piedra angular para coexistir en sociedad —tener un hogar— esté bajo una constante inestabilidad. 

La vivienda pública es otra de las asignaturas pendientes del país en comparación con el resto de Europa. En España, el número de viviendas sociales por cada 100 habitantes apenas de 1,3. Muy lejos de las 3,2 que tiene de media la UE o de las 11,5 y 9,8 de Países Bajos y Austria. En otras palabras, en la península todavía está lejos de los países del resto de su entorno. Mientras que en España el parque de vivienda social corresponde a un 3,3% del total, en Europa rondan entre el 9% y el 10%. Todo ello genera una situación que quedó reflejada en el CIS, donde afirmó que el 83,6% de los españoles cree que no todos tienen las mismas oportunidades para acceder a una vivienda, un 78% asegura que en España no hay igualdad de oportunidades para poder aumentar los ingresos, y un 74,5% cree que no hay igualdad de oportunidades para conseguir un trabajo.

La precariedad es otro de los puntos clave por los que la sensación en la vida cotidiana está tan alejada con los datos macroeconómicos de los que presume el Gobierno. Aunque es cierto que el Salario Mínimo Interprofesional ha subido hasta un 61% —es decir, 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas—, el coste de vida ha ido incrementándose de forma más exponencial por la inflación. En la actualidad, el salario medio español ronda los 22.000 euros brutos anuales, lo que deja a la ciudadanía con un poder adquisitivo real por debajo que en 2008. Todo ello se debe a la subida vertiginosa del precio de la vivienda, el aumento de la factura de la luz o el crecimiento de los productos del supermercado que hace que la compra total de hace unas décadas no llegue ni siquiera para la mitad de una compra en pleno 2025. Juntando todos los factores, la ciudadanía española hace cábalas para salir ilesa mes tres mes. 

Los servicios públicos son otra pata de la mesa fundamental para la población. En ese sentido, la sanidad pública vive uno de los momentos más delicados de la historia reciente debido a las condiciones que atraviesa el servicio. En varias comunidades autónomas, especialmente las más pobladas como las que tienen grandes ciudades, las listas de espera para un especialista superan de media los 100 días y, en algunos casos, dichas citas pueden llegar a ser programadas para el año siguiente. No sólo eso, la situación en las zonas con menor población tampoco es mejor. La falta de médicos de Familia en las zonas rurales está provocando una desigualdad palpable en lo que a la atención sanitaria se refiere. Esto ha producido que, en este momento, España se encuentre en cifras récord de personas con seguro de salud privado. Concretamente en 2023 se alcanzó los 12,4 millones de ciudadanos con este tipo de servicio, lo que supone aproximadamente hasta un 30% de la población. 

A nivel educativo, el país sigue manteniendo una de las mayores tasas de abandono escolar de toda la Unión Europea, pero sí hay una tendencia positiva: en 2024 se llegó a reducir hasta un 13%. Esta cifra de media anual representa un descenso respecto al 13,7% de 2023 y al 13,9% de 2022 e incluso al 13,3% de 2021. Pese a ello, España sigue siendo el segundo país con mayor abandono sólo por detrás de Rumanía y se encuentra lejos todavía del objetivo que puso la UE de alcanzar el 9% en 2030. 

La población en riesgo de pobreza sigue siendo una de las asignaturas pendientes del Ejecutivo. Este indicativo, abreviado como AROPE, corresponde a las personas severamente desfavorecidas material y socialmente o que viven en un hogar con una intensidad de trabajo muy baja. En 2024, el 25,8% de la ciudadanía se encontraba en alguna de estas situaciones, lo que equivale a aproximadamente 12,5 millones de personas. Con ello, hay que recalcar que la situación mantiene una tendencia positiva y de disminución de estas cifras que, en 2023, eran de un 26,5%. 

Las desigualdades también están guiadas a nivel territorial. Madrid, País Vasco o Navarra concentran gran parte de la inversión, mientras que regiones como Extremadura, Andalucía o Canarias continúan con tasas de paro y pobreza estructurales.

La paradoja, en definitiva, se ha instalado en España. Mientras que los niveles macroeconómicos reflejan un crecimiento envidiable para el resto de países de la Unión Europea, la ciudadanía sigue sucumbida en dificultades persistentes que hace que irremediablemente no noten en el bolsillo cotidiano la mejora de la que tanto se presume en tribunas y ruedas de prensa. El reto del Gobierno en lo que queda de legislatura será el de mejorar las condiciones de vida de la gente más allá del papel, sino en la vida real.