Unión Internacional de Magistrados expulsa a representación de México por su respaldo a la reforma judicial

La Unión Internacional de Magistrados (UIM) expulsó a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), al considerar que dejó de cumplir las condiciones de independencia y apoliticidad exigidas a las asociaciones integrantes de esa organización internacional, debido a su respaldo a la reforma judicial que estableció la elección popular de jueces y magistrados

La decisión fue adoptada el pasado 17 de octubre durante la 68 reunión anual de la UIM, mediante una votación secreta en la que participaron 70 delegaciones. El resultado fue de 53 votos a favor de la expulsión, 13 en contra y cuatro abstenciones. Debido a que las abstenciones no se contabilizan, la exclusión obtuvo 53 de los 66 votos emitidos, cerca de 80 por ciento. 

La UIM, fundada en 1953, agrupa asociaciones nacionales de jueces y no a gobiernos o tribunales. Entre sus objetivos está la protección de la independencia judicial, que considera una condición esencial de la función jurisdiccional y una garantía de los derechos humanos. Sus estatutos establecen que las asociaciones integrantes deben ser apolíticas e independientes de los poderes Ejecutivo y Legislativo de sus respectivos países, además de promover la independencia judicial.

Durante la asamblea de la UIM, la CONATRIB estuvo representada por su presidente, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, titular del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México; la magistrada María Belinda Aguilar Díaz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, y el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Chiapas. La CONATRIB agrupa a las y los titulares de los 32 poderes judiciales de los estados.

La revisión de la membresía de la CONATRIB comenzó después de que, el 28 de junio de 2024, la organización se pronunciara a favor de la reforma judicial impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese posicionamiento respaldó la elección de jueces y magistrados mediante voto popular, aunque planteó que su implementación fuera gradual, que se garantizara la participación de los jueces en funciones y que se respetara la independencia judicial. La reforma fue aprobada en septiembre de ese año.

En agosto de 2024, el Comité de Presidencia de la UIM cuestionó la reforma mexicana al advertir que dejar en manos del voto popular la decisión final sobre el nombramiento de jueces contradecía el principio de designación por mérito y criterios objetivos. También señaló posibles afectaciones a la inamovilidad judicial y pidió a López Obrador reconsiderar la reforma.

Por tanto, la UIM abrió un procedimiento para revisar la membresía de la CONATRIB y solicitó a la organización mexicana un informe, que fue entregado el 30 de junio de 2025. En su respuesta, la CONATRIB sostuvo que la reforma era resultado del ejercicio de la soberanía popular y que estaba obligada constitucionalmente a acatarla. También defendió su carácter estrictamente apolítico y afirmó que su interlocución con los poderes Ejecutivo y Legislativo permitió que la reforma se aplicara de manera gradual.

La CONATRIB agregó que había defendido la independencia judicial mediante pronunciamientos, gestiones presupuestales y otras acciones.

Los dos relatores designados por la UIM, provenientes de Argentina y España, concluyeron que la respuesta de la CONATRIB no atendió la preocupación central planteada durante la revisión. En su informe señalaron que, al respaldar la elección popular de jueces, la organización mexicana avaló un mecanismo que consideraron contrario a los principios de independencia y apoliticidad establecidos en los estatutos de la UIM.

Los relatores determinaron que la CONATRIB ya no reunía las condiciones bajo las cuales había sido admitida como integrante y recomendaron al Consejo Central someter a votación su exclusión.

Durante la discusión previa a la votación, representantes de asociaciones judiciales de Francia, Argentina, Chile y Costa Rica cuestionaron al presidente de la CONATRIB sobre las acciones emprendidas por la organización durante la aprobación de la reforma para defender la independencia judicial.

El magistrado argentino Marcelo Gallo Tagle, quien presidía la Federación Latinoamericana de Magistrados cuando se aprobó la reforma judicial mexicana, cuestionó la actuación de la CONATRIB y sostuvo que “la defensa de la independencia judicial no admite negociaciones: o se la defiende o no se la defiende”.

También afirmó que la CONATRIB debió rechazar la destitución de jueces y actuar de manera enérgica, en lugar de emitir un comunicado que “acompañaba” la modificación constitucional y posteriormente presentar ese respaldo como parte de una negociación.

Gallo Tagle concluyó que “no hay posibilidades intermedias” y que “la CONATRIB no salió en defensa del Poder Judicial”. 

En un video difundido antes de la asamblea, el presidente de la CONATRIB, Rafael Guerra, sostuvo que la reforma judicial no se originó por la actuación de los jueces locales ni por una animadversión del Ejecutivo contra la judicatura, sino por un conflicto presupuestario provocado por jueces federales. También afirmó que el impacto sobre los jueces locales había sido limitado y que solo disponía de cifras sobre jueces federales cesados, pero no sobre los correspondientes a las entidades federativas.

Ante ese argumento, la presidenta del Grupo Iberoamericano de la UIM, la jueza costarricense Adriana Orocú, citó cifras que atribuyó al Instituto Nacional Electoral (INE), según las cuáles fueron destituidos 386 jueces federales, 464 magistrados federales de circuito, 31 personas en otros cargos judiciales, incluidos integrantes de la Suprema Corte, y mil 800 jueces, magistrados y titulares de otros cargos judiciales locales en 19 estados.

De acuerdo con esas cifras, el total de personas juzgadoras destituidas ascendió a 2 mil 681. La intervención contradijo la afirmación del presidente de la CONATRIB de que la judicatura local había sido afectada de manera limitada por la reforma.

Después de las intervenciones de las delegaciones, el Consejo Central de la UIM sometió a votación la permanencia de la CONATRIB y resolvió que la asociación mexicana había dejado de cumplir las condiciones de membresía y debía ser expulsada.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) respaldó la decisión de la UIM y consideró congruente la expulsión de la CONATRIB.

En un comunicado difundido el lunes, la JUFED señaló que el Consejo Central de la UIM concluyó que la organización mexicana había vulnerado los estándares internacionales en materia de independencia judicial y apoliticidad exigidos a sus integrantes.

La JUFED sostuvo que el modelo de elección popular de jueces y magistrados, impulsado desde el poder político, “vulnera la esencia de la función jurisdiccional, que debe basarse estrictamente en el mérito, la capacidad y la carrera judicial”.

Para la asociación de juzgadores federales, la resolución de la UIM confirma los señalamientos que había realizado desde el inicio del proceso de reforma judicial. Afirmó que las organizaciones y liderazgos que respaldaron la reforma dejaron de defender los principios de independencia judicial.

Recordó que en su momento denunció a actores y agrupaciones que frente a la “cooptación del Estado”, optaron por validar un mecanismo de sometimiento “disfrazado de transición gradual”. Según la asociación, la sanción de la comunidad internacional de jueces evidencia “la gravedad de haber entregado los principios de la autonomía judicial”.

La JUFED reiteró que “la independencia judicial no es un privilegio de quienes juzgan, sino la única garantía efectiva para que las y los ciudadanos cuenten con tribunales imparciales y libres de consignas del poder”.