La ola de incendios en España contiene su avance mientras la política arde sin descanso

El humo ha cubierto de gris las laderas de la montaña de Pena Trevinca, la cumbre más alta de Galicia y un paraje natural único, protegido. A sus pies, los vecinos de Carballeda de Valdeorras son los espectadores de un espectáculo dantesco que provocan las llamas de un incendio sin control que devora bosques centenarios a gran velocidad. Mientras, en Valladolid, a cientos de kilómetros de la provincia Ourense, miles de personas salían a la calle para pedir la dimisión del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. El contraste de estos dos escenarios resume la doble batalla que vive España desde hace algo más de una semana: la que se libra en los montes contra el avance del fuego y la que incendia la política española, enfrentada por la gestión de la crisis mediambiental.

La oleada de incendios que calcina, con especial inquina, el noroeste de España acaba de cumplir las diez jornadas consecutivas de descontrol, sin que el final de esta pesadilla con forma de llamas parezca que vaya a acabar. Aunque la bajada de las temperaturas y una mayor humedad han permitido que el avance de los fuegos se haya contenido, bomberos y efectivos de la UME siguen peleando contra una veintena de grandes dimensiones. El balance es devastador: 391.581 hectáreas calcinadas en lo que va de año, según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. Y los técnicos advierten de que la mejora de las condiciones meteorológicas no son suficientes por sí solas: hace falta solo un cambio en la dirección del viento para reactivar frentes estabilizados.

Galicia, el epicentro de la catástrofe

El territorio más castigado, otra día más, es la provincia de Ourense, donde los incendios han calcinado otras 15.000 hectáreas, elevando a más de 82.000 la superficie arrasada en toda la comunidad. El de Larouco, el de mayor extensión desde que se recogen datos sobre incendios en Galicia, es el que más preocupa: ha cruzado el río Sil, ha entrado en la provincia de Lugo y ya se extiende hacia el Courel y Quiroga, con casi 30.000 hectáreas afectadas. Otros frentes acumulan cifras similares: Chandrexa de Queixa y Vilariño rozan las 19.000 hectáreas, Oímbra y Xinzo de Limia superan las 17.000 y A Mezquita, 10.000.

El mapa de la tragedia incendiaria se expande incluso a lugares emblemáticos de Galicia. El fuego que partió de Zamora ha alcanzado ya las laderas de la montaña Pena Trevinca, el punto más alto de la comunidad gallega y un espacio protegido donde se encuentran lagunas glaciares y algunos de los ejemplares de árboles más antiguos en Europa. Allí, el humo ha cubierto valles que parecían inalcanzables por el fugo y ha dejado la sensación de que el incendio ya no arrasa solo montes sino la memoria natural de los gallegos.

El impacto del fuego se ha sentido también en las infraestructuras clave. Como en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con las principales ciudades gallegas, interrumpida durante seis días por la evolución de los incendios, con más de 50.000 viajeros afectados y más de un centenar de trenes cancelados. Sin embargo, según ha confirmado Renfe, el servicio volverá a funcionar con normalidad este jueves, después de que se recuperase la circulación a las 17:00 horas del miércoles, al mejorar la situación en el entorno natural de la infraestructura. Un alivio logístico que, no obstante, no puede esconder la fragilidad de un territorio, el de Galicia y Castilla y León, que sigue atravesado por el fuego.

Castilla y León, Extremadura y Andalucía, en guardia

Más al este, el viento ha complicado el incendio de Porto (Zamora), donde se mantienen desalojadas once poblaciones del entorno del parque natural del Lago de Sanabria. El de Barniedo de la Reina, en León, ha alcanzado la vertiente leonesa de Picos de Europa y se mantiene fuera de control. En Castilla y León se combate, en total, siete incendios graves y otros ocho de menor nivel, mientras se vigilan quince que ya parecen estabilizados.

La situación ha obligado a cortar ocho carreteras secundarias, cinco de ellas en León, y ha convertido al viento en el principal enemigo de los brigadistas. “La lucha es constante: lo que se gana por la mañana puede perderse por la tarde”, resume un técnico del operativo.

Extremadura y Andalucía también siguen en guardia como consecuencia del avance de los incendios. En Badajoz, el de Zalamea de la Serena ya se ha dado por controlado, pero preocupa el que afecta a Escurial, en Cáceres, que llegó a cortar la A-5 y que ya acumula más de 16.000 hectáreas calcinadas. En Sevilla y Granada, las llamas han aparecido con tanta fuerza que ha obligado a duplicar los medios aéreos. Asturias, por su parte, centra su atención en el fuego de Degaña, que avanza desde León y que mantiene en alerta a los concejos del suroccidente.

La política nacional se enciende

La tregua que ha concedido el avance de las llamas no ha servido para enfriar la disputa política en España. Mientras los brigadistas luchaban contra el viento en los montes de León y Zamora, en Madrid y Valladolid los reproches cruzados entre el Gobierno central y las comunidades gobernadas por el PP, que se acusan de retrasos, improvisación y de utilizar la tragedia como arma partidista, llenaban también el aire de humo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue el primer en salir al paso de las críticas, defendiendo la gestión de la crisis que hace el Ejecutivo: “Menos con un nivel 2, que les permite dirigirse a cualquier territorio para pedir elementos complementarios”, recordó en referencia a que las comunidades autónomas tienen margen suficiente como para reclamar medios adicionales, sin esperar a una aprobación del Gobierno. Desde el Ministerio de Defensa, Margarita Robles elevó aún más el tono y apuntó directamente al presidente de Castilla y León: “Sabía que tenía medios desde el primer día, pero ha continuado cargando contra el Gobierno. En política no todo vale”, advertía la ministra

La directora de Protección Civil, Virginia Barcones, hacía visible su enfado este miércoles después de oír las acusaciones de Mañueco sobre supuestos retrasos en el envío de los medios de extinción que habían solicitado al Gobierno: “Me preocupa seriamente que en vez de estar a apagar los incendios, estemos a reescribir las historias. La historia es clara y está documentada”, señaló una de las responsables de la coordinación del operativo.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, trató de rebajar más tarde la tensión reconociendo que pudo haber “algún tipo de incidencias”, aunque defendió su “apoyo total y sin reservas a todas y cada una de las decisiones” de aquellas personas que dirigen los operativos de extinción en toda España. Mañueco insistió que los recursos “se utilizan cuando lo decide el director del operativo” y afirmó que “los medios que llegan se aprovechan al máximo”. Tabmién negó tener constancia del “enfado” del Ejército o de los alcaldes afectados por los incendios que arrasan la comunidad que gobierna junto a Vox.

La polémica, sin embargo, no amaina para el presidente leonés. Unión del Pueblo Leonés denunciaba este miércoles que las empresas contratadas por la Junta de Castilla y León para las tareas de extinción están buscando operarios sin formación en varios portales de empleo y acusó al presidente del Partido Popular castellano leonés de negarse a declarar el nivel 3 de emergencia, únicamente para evitar que el Estado asuma las competencias.

El choque político se ha extendido a otras comunidades gobernadas por el PP. En Galicia, Alfonso Rueda, de visita al pueblo ourensano de A Caridade, en Monterrei, admitió que no había podido “llegar a todas partes”. El presidente gallego aseguraba entender “el enfado de la gente y la angustia” de los vecinos, al tiempo que justificaba la decisión de la Xunta de ordenar la retirada de bomberos cuando “estaban de camino” a zonas afectadas por, según justificaba Rueda, “las necesidades van variando” con el paso de los días.

En Andalucía, el presidente Juanma Moreno se sumó al frente popular contra La Moncloa, calificando de “tardía” la reacción del Gobierno central y cuestionando que no se hubieran “cumplido los compromisos de medios puestos a disposición de las comunidades”. Sobre su ausencia durante el incendio de Tarifa, la semana pasada, Moreno aseguró que está “siempre a disposición del comité de coordinación del Infoca”, que convoca su presencia “cuando la considera necesaria”, aunque dejó bien claro que “no voy a ir a hacerme una foto. Intentamos ser serios y no estorbar”, insistía el responsable autonómico.

Por si todo esto fuera poco, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ha sumado a los ataques, denunciando la “demora” y “falta de coordinación”, subrayando que desde la Comunidad de Madrid se envió un helicóptero a Extremadura, además de recordar que ha colaborado en la extinción de los fuegos que afectaron a Ávila y Segovia. 

El fuego salta a la calle

La tensión no se limita a las instituciones. Este mismo miércoles, más de 1.500 personas, según la Policía, se manifestaron en Valladolid para exigir la dimisión del mismo Mañueco y también del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. La marcha reunió a partidos políticos, sindicatos, ONG y colectivos vecinales bajo pancartas como “El campo se quema y la Junta es el problema” o “El monte es vida, no ceniza”.

“En vez de prevenir los incendios, se dedican a hacer cálculos políticos y enfrentarse con el Gobierno de España”, denunció el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado, Luis Miguel Pérez, quien añadió después: “No vale, como dice el señor Mañueco, venir hoy a prometer que mañana va a poner en marcha una serie de ayudas, que ya veremos cómo se gestionan, cuándo se dan, a quién y cuánto tardan”.

La protesta se replicó en León, La Bañeza, Burgos y Soria con un lema común: “Contra el fuego de la inacción ¡Prevención y medios ya! Mañueco y Quiñones dimisión”. Además de las dimisiones, reclamaban un operativo antiincendios público y estable durante todo el año, inversión en prevención y la asunción de la crisis climática como política de Estado.