Israel legaliza la pena de muerte por horca para condenados por asesinato terrorista

El Parlamento de Israel ha aprobado una reforma para legalizar la pena de muerte por ahorcamiento para personas declaradas culpables de asesinato terrorista. La norma, en sí misma, se dirige a todos los ciudadanos, pero ofrece de facto un castigo especial para la población palestina.

Diversas asociaciones de derechos humanos ya han advertido del posible uso que dé el Gobierno de Netanyahu a una norma que, temen, puede acabar usándose contra palestinos y no contra ciudadanos judios. 

Las diferencias se observan de inmediato. La reforma avalada por la Knesset por 62 votos a favor y 48 en contra obliga como medida general a que sean los tribunales militares quienes impongan dicha pena extrema en el caso de tratarse de palestinos residentes en Cisjordania. 

Por contra, a los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes les da la posibilidad de aplicar en su lugar la cadena perpetua. Igualmente, la ley menciona la existencia de unas excepciones aún sin aclarar.

Formalmente, el texto no hace distintos en su alcance general, pero sí hay una diferenciación clave dentro de su articulado. En uno de ellos se especifica que solo se aplicará a quienes “causen intencionadamente la muerte de una persona con el objeto de negar la existencia del Estado de Israel“, una definición que excluye en la práctica a cualquier individuo de creencias sionistas, incluso aunque haya perpetrado actos similares.

Además, añade Europa Press, limita enormemente la discreción judicial, permite las ejecuciones secretas por ahorcamiento e impone un régimen de casi total aislamiento a los condenados a muerte.

Escándalo en la Knesset

El choque ha sido inmediato en el propio Parlamento, que ha validado la reforma sin hacer una modificación al texto que pasó por comisión hace días. El impulsor, el ministro de Seguridad Nacional, de ideología ultranacionalista y supremacista judío Itamar Ben Gvir, ha tratado de brindar con una botella de champán, algo a lo que no le ha autorizado un ujier de la cámara. 

En el polo opuesto, el opositor Matti Sarfatti, del partido Yesh Atid, ha clamado contra una ley “populista, inmoral y no igualitaria” que a su juicio es “claramente inconstitucional”.