Guterres envía a la Asamblea General de la ONU crisis de desapariciones en México

El secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, transmitió a la Asamblea General una carta enviada por la Presidencia del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), encabezada por Juan Pablo Albán Alencastro, en la que se expone la situación de México, lo que representa un paso previo para que el máximo organismo internacional analice la problemática.

Esta solicitud se realizó de conformidad con el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el cual se invoca por primera vez y está diseñado para activarse cuando el Comité recibe indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio de un Estado Parte.

Tras recibir información de organizaciones de la sociedad civil y grupos de víctimas entre febrero y mayo de 2025, el Comité solicitó respuestas al Estado mexicano.

Luego de analizar la información aportada por México hasta marzo de 2026, el Comité decidió, con carácter de urgencia, llevar la situación a la consideración de la Asamblea General. El propósito central de este escrito es que la Asamblea evalúe la adopción de medidas para ayudar a México a prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones forzadas en el país.

Esta es la carta que se envió el pasado 17 de junio:

La organización IDHEAS (Litigio Estratégico en Derechos Humanos) reconoció el envío formal de la comunicación y adelantó que se prevé que la Asamblea General discuta este asunto en septiembre de este año, durante su periodo de sesiones.

Por su parte, Amnistía Internacional celebró que el Secretario General transmitiera la decisión del Comité y destacó que este acto representa un reconocimiento claro a la gravedad y persistencia de la crisis que enfrentan miles de familias mexicanas, así como al incansable trabajo de los colectivos de búsqueda.

Amnistía Internacional subrayó que la atención de la Asamblea General constituye una “oportunidad histórica” para que el Estado mexicano aborde los desafíos pendientes en materia de prevención, búsqueda, sanción y reparación.

La organización llamó al gobierno a no ver este proceso como una confrontación, sino como una oportunidad para fortalecer las respuestas institucionales y demostrar voluntad política mediante acciones concretas para resolver una de las crisis de derechos humanos más profundas de México.