Florida sigue arrestando a inmigrantes bajo polémica ley pese a orden del Supremo de EU

El Gobierno de Florida sigue arrestando a migrantes bajo su polémica ley SB 4-C, una de las más agresivas del país porque criminaliza a nivel estatal a los indocumentados, pese a una orden de la Corte Suprema de Estados Unidos que en julio la mantuvo suspendida, según revelan documentos judiciales.

El fiscal general del estado, James Uthmeier, admitió en un informe presentado ante la Corte del Distrito Sur de Florida que, en julio, las autoridades de Florida arrestaron a dos migrantes bajo la ley SB 4-C: el guatemalteco Juan Vásquez Salas y el mexicano José Bersay Díaz Salas.

La policía arrestó el 3 de julio a Díaz Salas tras un choque que dejó heridos y daños en tres vehículos en el condado de Sarasota, en el suroeste de Florida, donde después detuvo a Vásquez Salas el 28 de julio tras un incidente de tránsito.

Las aprehensiones ocurren a pesar de la orden del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que el 9 de julio mantuvo el fallo del Distrito de Sur de Florida, en cual, el 18 de abril, suspendió de forma temporal la aplicación de la SB 4-C, que convierte en un crimen estatal el ingreso de indocumentados y permite encarcelarlos.

Además, la jueza Kathleen M. Williams declaró al fiscal de Florida en desacato por desobedecer su orden de frenar la aplicación de la SB 4-C y le obligó a entregar reportes periódicos con la cifra de personas arrestadas bajo esta legislación, impulsada por el gobernador, el republicano Ron DeSantis.

Tras su aprobación en febrero, la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida (FWAF) y personas afectadas presentaron una demanda contra la ley, que consideran inconstitucional porque la política migratoria es competencia del Gobierno federal.

Estas organizaciones acusaron al Gobierno de Florida en un nuevo documento judicial, la semana pasada, de estar usando la SB 4-C para detener a migrantes en ‘Alligator Alcatraz‘, el centro de detención migratoria para 2.000 personas que abrió el 3 de julio al oeste de Miami.

Por ende, los demandantes exigieron a la Corte del Distrito Sur de Florida que obligue al Gobierno estatal a aclarar bajo qué autoridad está operando ‘Alligator Alcatraz’, pues un correo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) señala que esto corresponde a las autoridades de Florida.

La normativa SB 4-C se ha convertido en símbolo del combate de los estados gobernados por republicanos contra la migración irregular, pues otras entidades han buscado replicarla, por lo que la decisión judicial de fondo sobre este tema tendrá implicaciones nacionales.