En los últimos años, uno de los problemas más preocupantes que enfrenta México es el incremento del huachicol fiscal, término utilizado para referirse al contrabando de gasolina y diésel.
De acuerdo con datos del sector energético, tres de cada 10 litros de diésel, magna o premium que circulan en el país provienen de este delito, lo que representa un impacto severo no solo en la industria, sino en toda la República.
Investigaciones de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) señalan que estos combustibles ingresan ilegalmente desde Estados Unidos, principalmente por zonas fronterizas como Tampico, Matamoros, Nuevo Laredo y Ciudad Juárez.
Según el titular de la ANAM, Rafael Marín Mollinedo, el producto proviene de refinerías ubicadas en Houston y en la frontera, pero al cruzar a México se declara falsamente como “aditivo para aceite combustible” o bajo otras denominaciones químicas, con el fin de ocultar su verdadero origen.
El huachicol fiscal impacta directamente en la ciudadanía al generar tres consecuencias principales:
Menor recaudación del IEPS: El gobierno enfrenta un déficit en ingresos públicos, lo que puede provocar desbalance fiscal, necesidad de financiamiento alternativo o recortes al gasto.
Competencia desleal en el mercado gasolinero: Se distorsiona el mercado, afectando a estaciones legales que reportan pérdidas millonarias y a consumidores, quienes corren el riesgo de recibir combustibles de mala calidad.
Daños a los vehículos: Al no cumplir procesos adecuados, estos combustibles deterioran motores y reducen la vida útil de los autos.
Entre 2018 y 2024, las pérdidas fiscales acumuladas por este delito ascendieron a 809 mil 324 millones de pesos, el doble del costo de construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco.
La magnitud del problema refleja cómo el contrabando de combustibles deteriora tanto las finanzas públicas como el mercado formal de hidrocarburos en México.
* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *
XP
Post comments (0)