¿Es complicidad la inacción? Gaza moviliza al activismo con demandas nunca vistas

Los ataques sostenidos de Israel sobre Gaza, que esta semana han superado los 60.000 muertos en 21 meses, machacan más que vidas y edificios. También tocan el ánimo y pueden llegar a paralizar, por puro aplastamiento. Una parte de la sociedad civil se pregunta qué puede hacer para ayudar, y duda. Las vías parecen a todas luces insuficientes: donar a ONG y organismos de Naciones Unidas, informarse y compartir, no dejar de hablar de Palestina en su entorno, protestar en redes sociales, manifestarse, firmar peticiones, sumarse a un boicot comercial o cultural… Todo necesario, pero hay quien va un paso más allá y, cada vez con más frecuencia, recurre también a la justicia para pedir cuentas, a título de ciudadano. 

Sobre el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, pesan sendas órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional, al igual que sobre los líderes de Hamás. Se les busca por posibles crímenes de guerra, pero hasta ahora los países amigos de Tel Aviv han evitado su detención. También hay un proceso abierto por supuesto genocidio en la Corte Internacional de Justicia, impulsado por Sudáfrica y todavía empantanado. Hasta la Audiencia Nacional española ha abierto diligencias previas por crímenes de guerra y de lesa humanidad contra Netanyahu, su ministro de Exteriores, Israel Katz, y varios altos mandos militares, a raíz del asalto al barco Madleen de la Flotilla de la Libertad, en el que viajaba el español Sergio Toribio. 

No hay aún rendición de cuentas a la vista en el plano judicial, porque los procesos internacionales son flemáticos. Pero ¿y si también se le piden cuentas a los estados, pues? El argumento es sencillo y contundente: si un país firma convenios, convenciones, acuerdos y cartas comprometiéndose con unos valores y un modo de vida, quizá sea responsable de las violaciones de ese marco. Esto es, si en un conflicto armado se violan las normas, se cometen crímenes de guerra y de lesa humanidad y los Gobiernos firmantes de esos hermosos documentos no se mueven, se le pueden pedir cuentas. 

Es la base de la novedosa demanda que se ha interpuesto contra el Gobierno de Bélgica, que ahora comanda el nacionalista Bart De Wever. El Estado tendrá que comparecer ante un tribunal francófono de primera instancia de Bruselas por una denuncia de “inacción” ante la crisis de Gaza, en un proceso puesto en marcha por el colectivo Droit pour Gaza (Derecho para Gaza), amparado por víctimas palestinas, la Asociación Belgopalestina y la Coordinación Nacional de Acción para la Paz y la Democracia. Además de implicar directamente al primer ministro, la demanda incluye al ministro de Exteriores, Maxime Prévot; de Finanzas, Jan Jambon; y al de Movilidad, Jean-Luc Crucke. 

El 7 de julio se presentó el requerimiento formal y, por ahora, el proceso no decae: ante la falta de respuesta del Gobierno, el caso se llevará al tribunal. Tras la presentación del requerimiento formal, el gabinete del primer ministro belga había asegurado que “respondería de manera apropiada”, pero se había negado a comentar jurídicamente el texto a través de los medios de comunicación, informa EFE. El ministro de Asuntos Exteriores deploró la acción porque dice que “obstruirá los tribunales” y es además “injusto” hacer esa acusación a un Ejecutivo que pide la paz. 

El flamenco De Wever ha calificado de “insoportable” el hambre en la franja palestina, ha reclamado un alto el fuego y exige acciones a Tel Aviv. “Este sufrimiento debe cesar”, repite estos días. Su gabinete se encuentra dividido sobre el reconocimiento del Estado de Palestina, hay algunas figuras que incluso han pedido sanciones a Israel (sin que prospere la idea), pero su postura antibelicista es clara. Y, sin embargo, no es suficiente, a ojos de este coletivo, que cuenta en sus filas con abogados y juristas de primer orden. 

Los firmantes denuncian una “falta grave” de Bélgica frente a sus obligaciones internacionales, en particular, en materia de prevención del genocidio, una “tolerancia culpable”. Tiene, a su entender, la “obligación legal” de actuar para evitar una crisis de esta magnitud  y debe “movilizar todos los medios legales a su alcance para prevenir y poner fin a esos crímenes”. 

Solicitan, por ello, que la Justicia ordene a Bruselas la adopción de varias medidas urgentes. Son cinco las fundamentales: el cierre de su espacio aéreo y terrestre al transporte de armas hacia Israel; la prohibición de los intercambios comerciales con las colonias israelíes (sean importaciones o exportaciones); la suspensión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) e Israel (que la Comisión Europea tiene bajo estudio, precisamente por la posible violación de derechos humanos); la congelación de los activos de dirigentes israelíes y el cese de toda cooperación institucional con Israel.

El portavoz de la Asociación Belgopalestina, Grégory Mauzé, define claramente el papel de su Gobierno y de los estados occidentales, especialmente, como una “complicidad objetiva en un genocidio en curso”. “Pudiendo hacer, no hacen. Habiéndose comprometido a ello, no defienden un mundo sin violaciones de derechos humanos. Somos conscientes del peso en la geopolítica mundial de Bélgica, que no es determinante, pero todo suma. Todas las acciones y todas las dejaciones de funciones. Empezamos por las que tenemos cerca”, añade. 

Los argumentos… 

Desde Droit pour Gaza explican que su acción se basa en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada en diciembre de 1948 y firmada por Bélgica (como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que juzga esos delitos). El artículo 1 de ese articulado estipula que los Estados Partes se comprometen a prevenir y sancionar el genocidio. “Este compromiso crea una clara obligación jurídica para Bélgica, que debe tomar todas las medidas necesarias para prevenir los crímenes cometidos en Gaza”, insiste Mauzé. El Estado belga no puede participar ni apoyar ninguna forma de ocupación de los territorios palestinos y la guerra de Gaza es el mayor ejemplo de un conflicto viejo ya de 80 años.

Enfatiza la “urgencia” de actuar para poner fin a la “persistente inacción” del país, porque se han cruzado, entiende, toda las líneas posibles y parece que “se ha perdido la humanidad”. Durante muchos meses, miles de personas se han movilizado en las principales ciudades belgas, en citas especialmente masivas en Bruselas y Lovaina, exigiendo que el Gobierno tome las medidas necesarias para poner fin a la violencia en Gaza. “Ha quedado claro que es urgente que Bélgica abandone su actitud de espera y utilice todos los recursos a su disposición, tanto a nivel nacional como internacional, para proteger a la población civil palestina”, extrae la plataforma. La calle, remarcan, les respalda. “Si estamos tomando acciones legales ahora es porque otras opciones no han funcionado”.

Para los autores de la denuncia, los tribunales pueden ser una herramienta eficaz para cambiar la política exterior nacional. Rechazan que su visión sea naïf; al contrario, hablan del “realismo de poder cambiar las cosas”. “Este procedimiento no se inició a la ligera, nos hemos rodeado de los mejores expertos del ámbito jurídico y académico”, explican. Y cuentan con un precedente de éxito en la lucha cívica, de hace apenas un par de semanas: cuatro asociaciones consiguieron en los tribunales que el Gobierno flamenco suspendiera todo tránsito de equipo militar a Israel, bajo pena de una severa multa. El puerto de Amberes, por ejemplo, el segundo más importante del continente europeo, ya no tendrá mas cargas de esta naturaleza. 

… y la viabilidad legal

Conocidos los argumentos, queda la pregunta de si será o no viable una iniciativa que, de prosperar, puede tener un efecto arrastre en otros países, empezando por Europa. Para la colombiana Daniela Navarro, especialista en Política Internacional y cooperante en Palestina (entre 2009 y 2013) pero no especialista en legislación belga, la “cuestión fundamental” es si la inacción del Estado “constituye una falta justiciable que el poder judicial pueda sancionar debido al incumplimiento de las obligaciones derivadas del derecho internacional”. 

“¿Son las reglas internacionales lo suficientemente claras como para abrir proceso y, potencialmente, condenar? A mi juicio, lo son, pero eso requiere de unos jueces abiertos a la llamada justicia internacional y que aprovechen las rendijas existentes para aplicar justicia universal, dañe a quien dañe y ocurra donde ocurra el delito”, indica. 

El mayor reto al que se enfrentan estas demandas son “unas reglas demasiado vagas y un margen de maniobra demasiado amplio para el Estado, que dificultarían que un juez encontrara fallos en su comportamiento, merecedores de una sentencia concreta”. Primero, hay que definir jurídicamente “en qué consiste ayudar o en qué consiste la inacción”, lo cual no es sencillo, reconoce. 

“Debe demostrarse que la norma internacional invocada es lo suficientemente clara, precisa e incondicional como para imponer un único curso de acción posible. Si la norma deja al Estado cierto margen de discreción, es probable que los tribunales belgas no puedan encontrar ninguna falta civil”, asume. 

Pero Navarro no por ello da la batalla por perdida porque entiende que las ONG pretenden, más allá de que se logre una condena, “mover el avispero, poner el debate en la sociedad, en cada casa, sobre lo que nuestros Gobiernos hacen por el mundo”. Pone como ejemplo la primera condena estatal por inacción climática, emitida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en 2024 contra Suiza, el de las llamadas Abuelas por el Clima, que “demostró que lo global es local, también”. 

Mauzé, de Derecho por Gaza, lo ratifica: “Claro que deseamos que prospere el proceso y creemos que tenemos base para ello, pero la primera meta es provocar un debate político sobre lo que se hace desde este país, lo que se deja de hacer y la responsabilidad de cada uno ante un genocidio que nadie sabrá explicar en los libros de historia como llegó a serlo”. Rechaza por eso de plano que se hable de una acción inútil, como han tratado de denostarla algunos ministros más conservadores de la alianza a cinco bandas que gestiona Bélgica. “El debate ya no es nacional, ha pasado a ser europeo, diría que mundial, por esta demanda”, concluye. 

A nivel europeo, se está planteando una demanda similar en el Reino Unido, aún en fase inicial, y una plataforma de abogados francobelga, Jurdi, ha demandado con una argumentario similar a la Comisión y al Consejo europeos. Lo ha hecho ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) de Luxemburgo. También una iniciativa liderada por el eurodiputado de los Comunes Jaume Asens ha demandado particularmente a la presidenta de la CE, la alemana Ursula von der Leyen, y a la responsable de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, como cooperadores necesarios en los crímenes cometidos por Israel en Gaza. Según Asens, el respaldo político, diplomático y material brindado por ambas dirigentes europeas al Gobierno israelí las convierte en partícipes necesarias de actos que podrían constituir crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, de acuerdo con el artículo 25 del Estatuto de Roma.

A flor de piel

Las operaciones de Israel en Gaza, respuesta a los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, que dejaron 1.200 israelíes asesinados y 250 retenidos por el partido-milicia, están movilizando notablemente a los belgas, prácticamente desde el principio. Va más allá del hecho de contar con Bruselas como capital comunitaria, con el eco que eso conlleva. Se multiplican las manifestaciones, los movimientos estudiantiles y sindicales y las acciones de boicot económico, deportivo, cultural o académico. 

El Gobierno belga previo, con el liberal Alexander De Croo al frente, tuvo una de las voces más firmes contra la desproporción de la respuesta de Tel Aviv, desde el principio. El entonces primer ministro viajó con el español Pedro Sánchez a Rafah, en la frontera sur de Gaza con Egipto, para defender el fin de los ataques, la entrada de ayuda humanitaria y hasta el reconocimiento del Estado palestino. Su viceprimera ministra, responsable de Función Pública, Petra De Sutter (Los Verdes) fue la primera en pedir, desde un alto puesto de gestión en Europa, sanciones para Netanyahu y los suyos. 

Bélgica avaló a Palestina como estado observador no miembro de la ONU en noviembre de 2012, ha reclamado etiquetas especiales que marquen los productos provenientes de colonias ilegales en suelo palestino (en las que ya viven 600.000 personas) y hay ciudades como Lieja que se han adherido al movimiento BDS (boicot, desinversión y sanciones). Hasta el rey de los belgas, Felipe, ha sido el primer monarca del continente en comprometerse con Gaza más allá de las peticiones de carril de un alto el fuego o el cumplimiento del derecho internacional. “Es una vergüenza para toda la humanidad”, dijo el pasado 21 de julio, con motivo de la Fiesta Nacional. 

En este país también se ha vivido otro episodio novedoso en la búsqueda de asunción de responsabilidades por esta guerra, cuando la policía arrestó, interrogó y dejó libres hace dos semanas a dos jóvenes que participaban en el festival de música Tomorrowland. Se trataba de dos varones israelíes, soldados, que supuestamente habían estado enrolados en el Ejército en los meses de esta ofensiva. Dos entidades denunciaron su presencia: la Red Global de Acción Legal y la Fundación Hind Rajab, que lleva el nombre de la niña palestina de cinco años que murió en Gaza después de que el ejército israelí asesinara a toda su familia en el coche en el que viajaban y matara también a los sanitarios que fueron a asistirla en ambulancia. 

Ha trascendido que los dos soldados son miembros de la Brigada Givati de la Fuerza de Defensa de Israel y que ondearon la bandera de su unidad en el festival de música, el fin de semana del 19 y 20 de julio.

El interrogatorio se llevó a cabo en virtud de una nueva disposición del Código de Procedimiento Penal belga, que entró en vigor el año pasado y que permite a los tribunales belgas investigar presuntas violaciones en el extranjero si los actos se enmarcan en los tratados internacionales ratificados por Bélgica, como las Convenciones de Ginebra de 1949 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura de 1984. Justo un precedente al que se agarran los impulsores de la nueva demanda. La Fiscalía no ha dado detalles públicos del estado del caso, pero la fundación insiste en que quiere que su labor sera “un punto de inflexión en la búsqueda global de la rendición de cuentas”. Ya han dado cuenta de “decenas” de solados, en al menos diez países. 

Este viernes, la Fiscalía Federal de Bélgica ha decidido remitir el caso a la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de guerra. “Esta decisión se ha tomado en interés de la buena administración de justicia y de conformidad con las obligaciones internacionales de Bélgica, tal y como se prevé en el artículo 14/10 del título preliminar del Código de Procedimiento Penal”, expresa en una nota de prensa. 

Un diplomático belga ha sido citado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel para explicar el asunto, especialmente después de que los soldados denunciaran a la prensa israelí haber sido supuestamente golpeados durante el arresto.

“En un momento en el que demasiados gobiernos permanecen en silencio, esta acción envía un mensaje claro: las pruebas creíbles de crímenes internacionales deben responderse con una respuesta legal, no con indiferencia política”, explicó en un comunicado al calor de la noticia. Ahora está por ver si estos pasos de la sociedad civil cuajan y permiten que algo se mueva. La diplomacia, por el momento, no lo logra.