El Negocio de Encerrar Migrantes – La Opinión de El Malcriado 

Hay momentos en que la política republicana deja de disimular sus intenciones y en Arizona ese momento parece haber llegado otra vez. Mientras comunidades locales piden respuestas, el gobierno federal ya está firmando contratos de cientos de millones de dólares para ampliar su infraestructura de detención migratoria. 

En Surprise, al oeste del área metropolitana de Phoenix, el Departamento de Seguridad Nacional acaba de otorgar a la empresa privada Gardaworld Federal Services un contrato que podría alcanzar hasta 704 millones de dólares para remodelar un enorme almacén y convertirlo en un centro de procesamiento y detención con capacidad para 1,500 personas. La propiedad fue comprada discretamente por el gobierno federal por más de 70 millones de dólares, y el proyecto apunta a marzo de 2027, con posibilidad de extender operaciones hasta 2029. 

Básicamente el gobierno está construyendo cárceles migratorias a escala industrial, es difícil encontrar una forma más clara de describir lo que está ocurriendo.Y lo hace en silencio, avanzando por debajo de la mesa mientras comunidades, autoridades locales y organizaciones civiles apenas intentan entender qué impacto tendrá todo esto en su entorno. 

La escena se repite también en el sur del estado. En Marana, cerca de Tucson, el plan de reabrir una prisión como centro de detención de ICE para más de 500 personas ha encendido alarmas entre residentes y funcionarios locales.  

La congresista Adelita Grijalva fue directa y describió esta política como la expansión de un sistema de encierro que trata como criminales a personas que, en la mayoría de los casos, enfrentan únicamente faltas administrativas migratorias. 

Es que más del 90% de las personas detenidas por ICE no han cometido delitos criminales. Son trabajadores, padres de familia, vecinos. Personas que podrían enfrentar sus procesos migratorios bajo mecanismos de supervisión mucho menos agresivos y mucho menos costosos para el país. 

Pero la lógica del sistema no es esa, lo que quieren es encierro. Y detrás del encierro hay una industria. 

Empresas privadas que administran cárceles, compañías de seguridad, contratos de mantenimiento, transporte y vigilancia. Miles de millones de dólares que fluyen cada año alrededor de un aparato federal cuya expansión parece no tener freno. 

Arizona ya cuenta con cinco centros de detención migratoria y con proyectos como el de Surprise o Marana, su papel como pieza clave del sistema nacional de detención se fortalece aún más. Desafortunadamente, no es la primera vez que ocurre. 

Durante décadas, Arizona ha funcionado como laboratorio de políticas migratorias duras. Desde la SB 1070 hasta la proliferación de centros de detención privados, el estado ha sido terreno fértil para experimentar con medidas que luego se replican a nivel nacional. La diferencia ahora es que el modelo se está ampliando a una escala que ya resulta imposible ignorar. 

Ante ese escenario, algunos legisladores federales intentan al menos introducir una barrera básica para que las comunidades tengan voz. Los senadores Mark Kelly y Ruben Gallego respaldan una iniciativa llamada Respect for Local Communities Act, que obligaría al gobierno federal a obtener aprobación local y abrir periodos de comentario público antes de instalar nuevos centros de detención. 

Es una propuesta modesta, pero hoy el sistema funciona al revés. 

Primero llega el gobierno federal, compra propiedades, firma contratos y anuncia centros de detención. Después, si acaso, las comunidades se enteran de lo que está pasando en su propio vecindario. Como si el impacto social, económico y humano fuera un detalle administrativo. 

Y mientras tanto, las historias siguen acumulándose, como la de Emmanuel Damas, quien murió tras una infección dental mientras estaba bajo custodia migratoria en Florence, un recordatorio brutal de lo que puede ocurrir cuando un sistema de detención masiva opera con mínima supervisión. 

Como advertía una de las primeras columnas de este espacio, el poder suele apostar al cansancio público para avanzar con sus proyectos más controversiales. La pregunta ahora es si las comunidades de Arizona van a aceptar en silencio convertirse otra vez en el epicentro de esa política o si, esta vez, vamos a levantar la voz para decir que ya fue suficiente.