El Gobierno inicia este lunes el traslado de menores solicitantes de asilo de Canarias a la Península tras meses de retraso

La buena nueva llegaba hace unos días, cuando se confirmó que el reparto de menores solicitantes de asilo comenzaría a producirse este lunes 11 de agosto, con el desplazamiento de diez de ellos desde Canarias a la península. Algo que lleva pidiendo el archipiélago en los últimos años por la saturación y la imposibilidad de acoger a todos los migrantes que llegan a las costas desde diversos países de África y que se cobra la vida de miles de personas en el océano a través de la Ruta Atlántica. Los traslados tendrán lugar – previsiblemente – cada semana con dos derivaciones, y en cada una viajarán entre 15 y 20 menores, según le ha comunicado el Gobierno central a las autoridades canarias. Ambas administraciones estiman que actualmente un millar de menores migrantes solicitantes de asilo permanecen en Canarias.

El pasado mes de marzo, el Tribunal Supremo instó al Gobierno a hacerse cargo de ellos con sus propios recursos y le dio un plazo “improrrogable” de 10 días para que el Ejecutivo central garantizara su “acceso y permanencia” en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional. Los diez días expiraron y, a lo largo de junio y julio, el TS le instó a tomar medidas “urgentes” y advirtió de “medidas coercitivas”, como multas e incluso una posible denuncia penal, en caso de que persistiera el incumplimiento. 

Este reparto, cabe destacarse, está desvinculado de la distribución de menores migrantes desde Canarias a otras comunidades autónomas aprobada en el Congreso en abril y todavía pendiente de materializarse ante las dilaciones de algunas regiones para enviar al Ministerio de Infancia información sobre los menores que ya tienen acogidos. El pasado 22 de julio, en Consejo de Ministros, el Gobierno aprobó el decreto para reubicar en la Península a 3.000 menores migrantes desde Canarias, Ceuta y Melilla.

El inicio de los traslados de este lunes arrancará con diez menores solicitante de asilo, aunque en un principio se dijo que iban a ser ocho. Esto se debe por un proceso migratorio que lleva tiempo dándose desde Mali, de donde provienen la mayoría de solicitantes de asilo —casi el 90%—. En el país africano desde el año 2012 hay una guerra entre grupos islamistas y el gobierno. Después de que la misión de la paz de la ONU saliera del país, los ataques se han visto incrementados significativamente en 2025. Este año han aumentado en más de 149.000 los desplazados hacia el campo de refugiados de Mbera, situado en la región de Kayes al oeste del país, que con una capacidad de 80.000 personas ya tiene 160.000 refugiados de los que 32.000 son menores de 18 años en unas condiciones de miseria. De todos ellos, más de 6.000 han sido tratados por desnutrición. 

Muchos de ellos son los mismos que los que terminan en las costas de las Islas Canarias en busca de ayuda, de huir del horror y de buscar un futuro mejor. Ante esta situación, el Consejo de Ministros aprobó una medida concreta para afrontar esta situación con una inversión de 40 millones de euros y la creación de 1.200 plazas a lo largo y ancho de toda la península para poder acoger a los menores y para cumplir con el auto del Supremo. Se trata así de la primera vez que el Ejecutivo va a cumplir con las directrices interpuestas por el órgano judicial. Por otro lado, el gobierno del archipiélago todavía no es conocedor de la identidad de los diez menores que saldrán de sus islas este lunes, algo inusual teniendo en cuenta que es Canarias quien tiene la tutela de los menores. 

Tampoco se conoce a qué territorios irán a parar estos ocho primeros menores. De momento, el Ejecutivo sólo ha descartado la posibilidad de que acudan a la Comunidad de Madrid después de que el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón haya pedido cerrar su centro por no contar con la licencia apropiada para ello.

Pese a los esfuerzos del Gobierno de colocar a los menores migrantes con necesidad de asilo, existe una realidad que empapa todas las islas del archipiélago y que no ve salida por el momento: los solicitantes de esta condición debido a la huida de la guerra no son, ni de lejos, la mayoría que acoge Canarias desde hace años. En marzo de 2025 y como previsión de ver cuántos menores acogía cada una de las comunidades autónomas, Canarias tenía bajo tutela a 5.485 menores no acompañados, cifra que llega a 5.810 incluyendo aquellos que podrían alcanzar la mayoría de edad pronto o están en proceso de reagrupación familiar. 

Aún así y refiriéndose a los menores con asilo, la directora general de Protección de la Infancia del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, ha afirmado que “se empieza a ver algo de luz al final del túnel” en relación a este asunto y ha valorado que el Gobierno central se haya comprometido a remitir un calendario de derivación, que podrá modificarse según se vayan cerrando determinadas flecos que quedan pendientes con entidades colaboradoras para llevar a cabo ese traslado. Sobre el papel, se van a producir dos derivaciones semanales con 15 o 20 menores del archipiélago a la península. “Por fin comenzamos a ver algo de luz al final de todo este camino que iniciamos en octubre del año pasado y que el primer auto del Supremo es del 18 de marzo donde obligaba al Estado en 10 días dar respuesta a los menores con protección internacional”, decía el pasado martes Rodríguez. 

El proceso de selección para poder ser trasladado ha comenzado con diferentes entrevistas a los jóvenes. Un proceso del que el Gobierno de Canarias es “plenamente consciente de su dificultad”. “Estamos hablando de personas que tienen una trayectoria vital que hay que tener en cuenta”, decía la directora general de infancia canaria que busca con las entrevistas definir exactamente el perfil de los menores para que puedan entrar a una plaza concreta que se ajuste a sus necesidades. Desde su óptica y trabajo, el cuidado y poner a los jóvenes en el centro es la máxima prioridad de los traslados y de las diferentes plazas a las que puedan optar con el paso de los meses. 

La “solidaridad” de las comunidades autónomas

La postura de las comunidades del Partido Popular respecto a la acogida de migrantes ha sido fija e inamovible en los últimos tiempos. El último episodio de esta negativa al apoyo a Canarias se produjo el pasado 17 de julio cuando las autonomías populares se abstuvieron de la Conferencia Sectorial de Infancia en el Congreso de los Diputados que tendría encima de la mesa del orden del día el futuro de 3.900 menores. Bajo su perspectiva, el Ejecutivo trata de “imponer un reparto forzoso e ilegal” por el que no están dispuestos a pasar. Once comunidades del PP han presentado un recurso ante el constitucional para tratar de evitar el plan del Gobierno a largo plazo de reubicar a 3.000 menores migrantes. De hecho, dos de ellas —Comunidad de Madrid y Generalitat Valenciana— han dado un paso más allá y han dirigido el mismo recurso al Tribunal Supremo. Precisamente las dos que más deberían haber acogido.

Los requerimientos de las diferentes comunidades autónomas populares no se redujeron a la oposición: la Castilla-La Mancha gobernada por Emiliano García Page también interpuso un recurso de inconstitucionalidad. “Se ha aprobado sin diálogo entre comunidades autónomas”, decía la consejera portavoz del Ejecutivo manchego, Esther Padilla, que apuntaba a que vienen “sin compensación económica, sin financiación y, por lo tanto, pone en grave riesgo la garantía del interés superior del menor“. “No recurrimos para no atender. Recurrimos para atender dignamente a estos niños y contar con los recursos necesarios”, afirmaba. 

A lo largo de las últimas semanas, varias de las comunidades autónomas han rechazado la acogida de migrantes. Es el caso de Galicia que según la Consellería de Política Social e Igualdad ha reprochado a la Xunta que “no ha recibido ninguna información sobre el posible traslado a Galicia de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo”. Algo similar ha pasado con Extremadura. “Nos obligan a duplicar el sistema actual. Además, imponiendo criterios sin consensuar, ha decidido que trasladará a Extremadura a 159 menores procedentes de Canarias, mientras que a Cataluña y al País Vasco no les asigna ninguno. Esta distribución es injusta e insolidaria, y responde a los intereses políticos de Sánchez para contentar a sus socios, no al interés superior del menor”, decía la Junta en relación al reparto de menores.

La anomalía de Euskadi y Cataluña fue uno de los pilares que despertó las críticas de las comunidades del Partido Popular que acusaron al Ejecutivo de falta de organización y de descompensación a la hora de asumir una responsabilidad que debiera ser común. Finalmente, la Generalitat sí que acogerá a 31 menores migrantes, pero de forma totalmente voluntaria. 

La única que ha mostrado su completa disposición y solidaridad con el archipiélago es Asturias, donde desde el Ejecutivo autonómico han apuntado a lo largo de la semana que el principado dará la bienvenida a estos niños y niñas, subrayando que “se trata de personas en situación de especial vulnerabilidad”, y que “la protección de la infancia y los derechos humanos son principios fundamentales para el Gobierno asturiano”.

Ante esta situación y el anuncio de que este lunes comienza el reparto de menores, con ocho jóvenes de camino a la península, se inicia un lento goteo que se espera que se vaya ampliando a lo largo de las semanas. Sin embargo, los elegidos sólo serán aquellos que estén bajo condiciones de asilo. El resto, que también huye del hambre y la guerra en busca de un futuro mejor, seguirá bajo la tutela del gobierno autonómico, inmerso en la incertidumbre de si podrán resistir un acogimiento desbordado. Mientras tanto, el rechazo del Partido Popular al reparto de menores se entremezcla con un auge del discurso antimigratorio por parte de su líder, Alberto Núñez Feijóo, en una competición con Vox, la formación de extrema derecha que pareciera que marca la hoja de ruta de los populares en este asunto.