Diputados aprueban en comisiones reforma a Ley de Amparo; eliminan retroactividad

Las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobaron el lunes la reforma a la Ley de Amparo y la turnaron a la Mesa Directiva. Está previsto que este mismo martes pase al Pleno para su discusión y eventual aprobación.

El dictamen fue aprobado por 56 votos a favor, 11 en contra y una abstención, de la morenista Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y con la ausencia del Partido Acción Nacional (PAN), que se retiró de la sesión como protesta.

Los diputados eliminaron el artículo transitorio aprobado en el Senado, que establecía la retroactividad de la ley para los juicios vigentes.

Las comisiones aprobaron, en el artículo tercero transitorio, que los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del decreto continuarán su curso “conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio”, y no con las nuevas disposiciones.

No hicieron más modificaciones al dictamen, pese a las audiencias públicas celebradas en días pasados, en las que participaron especialistas, académicos y abogados que advirtieron sobre los riesgos de limitar el “interés legítimo” y acotar las suspensiones.

La iniciativa original fue presentada al Senado el pasado 15 de septiembre por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Julio César Moreno Rivera, consideró que la reforma busca modernizar el juicio de amparo, fortalecer su eficacia como medio de protección de derechos humanos y evitar abusos que “paralicen políticas públicas o leyes aprobadas por el Congreso”.

Agregó que los principales ejes de la reforma incluyen la limitación de efectos generales de las suspensiones, el fortalecimiento del acceso a la justicia digital, la agilización de juicios y la revisión de los criterios de interés jurídico y legítimo.

El diputado panista Homero Ricardo Niño de Rivera Vela sostuvo que la reforma “traiciona al pueblo y le quita derechos de protección ante las autoridades de cualquier poder”. Por su parte, el priista Emilio Suárez Licona afirmó que “se restringirá la posibilidad de que organizaciones, comunidades o ciudadanos defiendan causas colectivas haciendo nugatorio el principio de acceso a la justicia”.

El emecista Juan Ignacio Zavala Gutiérrez aseguró que la reforma “limitará el interés legítimo y la suspensión dentro del juicio de amparo, lo cual dejará en el desamparo a millones de mexicanas y mexicanos”.

En un sentido similar se pronunció su compañero de bancada, Gustavo De Hoyos Walther, quien advirtió que “las modificaciones no son meros ajustes técnicos, sino que representan un cambio estructural en el equilibrio entre el ciudadano y el poder público”.

Por su parte, el diputado del PRI, Jericó Abramo Masso afirmó que la reforma “retira derechos a las y los mexicanos” y podría dejar en indefensión a personas con créditos fiscales que no cuenten con activos para pagarlos.

El también priista, César Alejandro Domínguez Domínguez, expresó que con el dictamen “se da al traste” con la suspensión provisional y el interés legítimo colectivo, pues pretende proteger al gobierno ante inconformidades.

En relación con interés legítimo, condición para la admisión de un amparo, la reforma establece que el acto reclamado, norma u omisión “deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica individual o colectiva, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto y no meramente hipotético”.

Por parte del oficialismo, la morenista Mariana Benítez Treviño afirmó que el juicio de amparo “ha sido el baluarte de la protección de los derechos humanos” y llamó a “fortalecer el amparo y devolverle su espíritu original, ser un instrumento de justicia, pero no una táctica dilatoria”. Adelantó que presentará propuestas de modificación en el Pleno basadas en las audiencias públicas.

La diputada María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM) destacó que el dictamen “establece reglas uniformes, al evitar la dispersión en las formas de notificaciones” y que incluye nuevas condiciones para que no proceda la suspensión, especialmente en casos relacionados con recursos de procedencia ilícita.

Mientras que el diputado del PT, Reginaldo Sandoval Flores, calificó los cambios como un avance en la modernización del sistema jurídico, al buscar que el juicio de amparo sea “más eficiente, transparente y accesible”. Aclaró que no se restringen derechos, sino que se fortalece la protección colectiva.

Previo a la votación, diputados del PAN, PRI y MC manifestaron inconformidades con el orden del día, argumentando que no se cumplieron acuerdos previos para definir reglas de parlamento abierto ni se presentó la relatoría de las audiencias públicas.