Desde el 1 de septiembre comenzó en México una etapa de prueba para el registro de usuarios de telefonía celular, ejercicio que se mantendrá vigente hasta octubre. Este programa es coordinado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) en conjunto con las principales operadoras del país: Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán.
El propósito de esta medida es optimizar los procedimientos de contratación de nuevas líneas y, al mismo tiempo, convertirse en una herramienta para frenar delitos cometidos mediante teléfonos móviles, como fraudes y extorsiones.
Documentos y requisitos para el registro
La ATDT precisó que, durante esta fase, la obligación aplica únicamente a las líneas nuevas. A partir de octubre, el registro será indispensable en todos los puntos de venta de servicios móviles.
El trámite se llevará a cabo directamente en los centros de atención de cada compañía telefónica. El personal solicitará una identificación oficial con la Clave Única de Registro de Población (CURP), con la finalidad de asociar los datos de la persona con la línea contratada.
En cuanto a los usuarios que ya cuentan con una línea activa, la agencia indicó que habrá un periodo específico para realizar el registro, aunque todavía no se han definido las fechas. También se adelantó que las empresas deberán implementar mecanismos de registro remoto para facilitar el proceso a la ciudadanía.
Protección de los datos personales
De acuerdo con la ATDT, la información proporcionada será resguardada por las compañías telefónicas en apego a la Ley General para la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Asimismo, aclaró que el Gobierno de México no tendrá acceso directo a estos datos, ya que el resguardo quedará bajo responsabilidad de cada empresa.
Antecedentes y críticas
El Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil fue propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como parte de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual se aprobó en julio de 2025 y se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a mediados de ese mes.
Con esta nueva legislación, las instituciones de seguridad podrán consultar el registro como una herramienta para investigar amenazas y riesgos relacionados con la seguridad pública. El objetivo central es combatir delitos como el secuestro y la extorsión.
Sin embargo, antes de convertirse en ley, la iniciativa recibió fuertes críticas de sectores de la oposición y de defensores de derechos digitales, quienes advirtieron que podría abrir la puerta al espionaje de las comunicaciones de los usuarios.
BB
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