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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la reforma del Reglamento del Congreso que permite imponer sanciones para las personas acreditadas como periodistas que “obstaculicen la labor parlamentaria o el trabajo de los medios de comunicación”. Una medida, aprobada en la Cámara Baja con el voto en contra de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN), y que fue impulsada por el PSOE y sus socios.
La reforma del reglamento busca evitar las habituales imágenes de acreditados interrumpiendo las ruedas de prensa con gritos y malas formas, unas escenas hasta hace poco inéditas en el Congreso y que han provocado el malestar de muchos diputados. “Tener a esa gente en el Congreso es desesperante, porque perturban el trabajo y lo hacen con violencia. Porque violencia no es sólo empujar o lastimar físicamente. No puede ser que desde el Congreso transmitamos la sensación de que se permite la violencia”, aseguraba hace unos días a El HuffPost Verónica Barbero, portavoz de Sumar en el hemiciclo.
El nuevo texto fija los requisitos que “resulten exigibles atendiendo a la necesidad de respetar el derecho a la información veraz y el buen funcionamiento de la Cámara”. Y de cara a la renovación de las acreditaciones se tendrá en cuenta “la existencia de anteriores vulneraciones (…), así como de las directrices y acuerdos de la Mesa”.
El control de las mismas correrá a cuenta del Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, integrado por un miembro de cada uno de los grupos parlamentarios y que contará también con la presencia de entidades representativas de los colectivos profesionales en el ámbito de la información.
Los acresitados deberán cumplir con las “reglas de la cortesía parlamentaria y las directrices e instrucciones que acuerde la Mesa”. Y el incumpliento de las mismas será objeto de sanción. Por ejemplo, se considerará infracción leve la omisión de información requerida en la solicitud de la credencial o el acceso a espacios de uso común del recinto parlamentario sin la correspondiente acreditación.
Se eleva a infracción grave la inclusión de información falsa en la solicitud de la credencial, la grabación de imágenes o audios o fuera de los espacios habilitados si no se tiene autorización previa u obstruir o interrumpir el orden de las ruedas de prensa o demás encuentros de los miembros de la Cámara con los representantes de los medios, hasta ahora lo más habitual por parte de los denominados “pseudoperiodistas”. El nuevo reglamento deja claro, además, que un responsable de cada partido “podrá dirigir instrucciones respecto a qué periodista puede hacer uso de la palabra y por qué orden”. Quien no respete su decisión podrá ser sancionado.
Finalmente, se considera infracción muy grave mentir para conseguir la acreditación, “proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de las personas”, grabar de forma oculta imágenes o conversaciones o interrumpir el orden de las sesiones parlamentarias.
Las infracciones leves se sancionarán con un apercibimiento y, en su caso, una suspensión de la credencial de hasta diez días hábiles. Las graves con entre once días y tres meses de suspensión, y las muy graves podrían implicar incluso la revocación definitiva de la credencial. Cabe destacar que el Congreso se blinda ante nuevos alborotadores y prohibirá que el medio al que pertenece el periodista suspendido pueda incorporar a uno nuevo en su representación.
Written by: Huffington Post
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