Gobernadora de Morelos rompe el silencio tras captura de alcaldes ligados al narco

La crisis política en Morelos ha estallado: con alcaldes prófugos o detenidos por nexos con el Cártel del Pacífico, el estado enfrenta un vacío de poder sin precedentes. Este golpe al crimen organizado y la política local redefine el control de tus municipios y abre un debate urgente sobre la infiltración criminal.

“No vamos a proteger a nadie”, dice gobernadora

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, anunció trabajo político para resarcir la crisis política en los municipios de Atlatlahucan y Cuautla, cuyos alcaldes son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por su relación con el Cártel del Pacífico.

Dijo que apoyarán a las síndicas municipales para asumir el cargo provisional de presidentas municipales, y después integrará ternas que enviará al Congreso estatal para elegir a los alcaldes sustitutos.

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El miércoles, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ejecutó seis de 10 órdenes de aprehensión en contra de los alcaldes de Cuautla —quien está prófugo— y Atlatlahucan; el tesorero de Cuautla, así como el oficial mayor en turno y su antecesor. También detuvieron al expresidente municipal de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala, y a la consejera estatal de Morena, Arisbel Rubí Vázquez.

“Nosotros no vamos a proteger a nadie. Como ustedes se dieron cuenta, todos los detenidos son de diferentes partidos, incluyendo la consejera de Morena, del PAN prácticamente todos los alcaldes y algunos de Movimiento Ciudadano. Aquí no se trata de un tema partidario”, dijo.

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La gobernadora respaldó la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de someter a exámenes de control y confianza a todos los políticos, para garantizar que no tienen vínculos criminales.

Buscan amparo

El edil de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro, la consejera electoral de Morena, Arisbel Rubí, así como el tesorero y el exoficial mayor de Cuautla, Jonathan Espinoza Salinas y Horacio Zavaleta, obtuvieron ayer suspensiones provisionales para evitar ser incomunicados y extraditados a Estados Unidos.

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La resolución establece: “Se decreta de plano la suspensión a la parte quejosa (…) para el efecto de que inmediatamente cese cualquier acto que implique incomunicación, desaparición forzada y deportación o expulsión”.

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