La UE sale del silencio ante el genocidio en Gaza: ¿cuándo lo hará el PP?

Criticada desde todos los flancos del espectro político, la UE se toma el esfuerzo de sacudirse el reproche de su silencio cómplice con el genocidio en Gaza. Von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea (Comisión VDL II) incorpora en el Debate sobre el Estado de la Unión (primer Pleno de septiembre del Parlamento Europeo/PE), forzada por nuevos anuncios de moción de censura, la largamente demandada y demorada suspensión del Acuerdo UE/Israel, por violación de sus cláusulas (art.2) de respeto a los derechos humanos, y propuestas de sanción contra miembros del Gobierno Netanyahu y “colonos violentos” en territorios ocupados.

Por su parte, el PE, tras varias tentativas fallidas, consigue, por fin, en el transcurso del mismo Pleno, aprobar una primera Resolución sobre la masacre en Gaza donde se refiere por su nombre la causa incoada contra Netanyahu ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por genocidio y crímenes de guerra. 

Salir de la afasia (estadio mudo en que se es incapaz de pronunciar palabra) no equivale a conjurar el “doble rasero” (Double Standard) al alcance de cualquiera que quiera reprobar a la UE el grosero contraste de su respuesta ante la agresión de Putin contra Ucrania y su impotencia clamorosa ante la desproporción de la respuesta del Gobierno ultraderechista de Israel a la criminal incursión de Hamás de 7 de octubre de 2023.

No pocos gobiernos de entre los Estados miembros (EEMM) de la UE se muestran atenazados ante la mecánica e injusta acusación de “antisemitismo” con que el Gobierno Netanyahu pretende, cada día, amedrentar a quien ose confrontar la brutalidad criminal de su represalia indiscriminada contra la población civil —20000 niños masacrados, entre las más de 65000 víctimas mortales— y demandar el alto el fuego en todos los foros internacionales. España ha estado a la cabeza de la creciente demanda de reconocimiento del Estado Palestino como expresión de compromiso con la “Two States Solution” que abrazó hace demasiado tiempo el Derecho internacional. 

La solución de los dos Estados implica inequívocamente la confirmación del derecho de Israel a existir dentro de fronteras seguras y a defender su soberanía e integridad contra cualquier ataque o negación de su principio, pero también la apuesta por un Estado propio —al fin— para el pueblo palestino; no solo por los sufrimientos causados por tantas décadas de Nakba (la catástrofe de su desplazamiento y su enorme mortandad tras la proclamación, en 1948, del Estado de Israel) sino por ser, racionalmente, la única opción que hará posible la convivencia en la región y la superación de esta espiral infinita de muerte y destrucción en un ciclo interminable de acciones/reacciones minadas por el resentimiento y el odio acumulado a lo largo de generaciones.

No hay nada de antisemitismo en la movilización de buena parte de la sociedad española para expresar consternación ante la matanza y la impunidad de Netanyahu y quienes la jalean desde una lectura paleo-teológica de unos supuestos “God given Rights” (derechos conferidos por Dios) para exterminar palestinos, incluyendo mujeres y niños.

He tenido el honor de presidir durante años el Intergrupo del PE contra el antisemitismo en la UE, cuyo hilo conductor y denominador común es asegurar el derecho de las comunidades judías a disfrutar en Europa de una vida plena en igual libertad y dignidad que todas las identidades y sentimientos de pertenencia sin discriminación ni sujeción a violencia, intimidación y odio, desde prejuicios tan arraigados como incompatibles con los valores europeos; pero no incluye permanecer silentes ni muchos menos ser cómplices contra cualesquiera acciones que pueda acometer o perpetrar en algún momento de la historia un concreto Gobierno del Estado de Israel. 

No hay nada de antisemitismo en calificar como genocida la destrucción total o parcial de una comunidad étnica y cultural distintiva: es el caso del pueblo palestino ancestralmente radicado en esa franja de Oriente Medio cuya historia torturada asistió, desde principios del S.XX, a su reducción hasta el abismo de su aniquilación a manos de un Israel emergido como potencia militar imbatible, con armamento nuclear y respaldo incondicional de EEUU.

Esa es la conclusión sobre el genocidio en Gaza a la que ha llegado la Comisión Independiente de Investigación de los Territorios Ocupados en Palestina, bajo auspicios de la ONU. Se trata de un examen jurídico, conforme a la legalidad internacional conformada en el transcurso de los últimos 70 años acerca del genocidio como crimen contra el Derecho de Gentes, y la evidencia disponible (las pruebas constatables en hechos fehacientemente documentados). Estructurado en ocho apartados, sus capítulos III a V analizan minuciosamente los componentes del tipo internacional de genocidio, los hechos probados y su encaje en la definición típica consagrada en el Derecho. 

Sus considerandos jurídicos finales son terminantes: conforme al Derecho internacional público (que incluye los términos legales en que puede ejercerse el “ius in bello“, el Derecho a la guerra y en el transcurso de la guerra), la ofensiva de Netanyahu en Gaza constituye genocidio.

Duele tener que subrayar que el soporte jurídico de esta acusación no constituye condena —corresponderá, jurisdiccionalmente, al TPI establecerla, con base, entre otros informes, al contundente escrito de esta Comisión Independiente de Investigación—. Y cansa tener que repetir que esa acusación no se cierne sobre el pueblo israelí ni contra su sociedad plural, en que se han expresado y manifestado (y, por cierto, muchas veces reprimidas con violencia policial y militar) múltiples voces indignadas contra Netanyahu, contra su ofensiva inacabable, y contra su corrupción: son numerosas las voces y opiniones que denuncian cómo el jefe del Gobierno más ultraderechista de la historia de Israel ha intentado comprar tiempo y desplazar sus causas penales por corrupción embarcando a todo el país en una “guerra santa”, religiosa y nacional contra enemigos que crecen en los círculos concéntricos de toda en su vecindad (Líbano, Siria, Yemen, Qatar, y, siempre en el fondo, Irán).

Nada hay de “anti-israelí” -ni, por supuesto, tampoco de antisemitismo- en acusar a Netanyahu y su Gobierno de extremistas de crímenes contra el Derecho internacional (genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad). Y escarnece, singularmente, tener que reiterar que este reproche penal es compatible y simultáneo con la condena a las acciones terroristas de Hamás y el reclamo de liberación inmediata de los rehenes que aún sobreviven cautivos en el infierno de la destrucción en Gaza.

Resulta, en fin, insoportable —tanto moral como jurídica y políticamente— la hipocresía del PP al negar la calificación de genocida a esa “guerra” que no es tal: no hay dos ejércitos contendientes, sino una fuerza militar que, desproporcionadamente se ensaña contra objetivos y víctimas civiles desde hace casi dos años. 

Lo mismo ocurre en la calificación al primer ministro Netanyahu: inciden en ese repugnante “Double Standard” que contrasta su disposición a condenar, sin que medie juicio ni sentencia alguna, a Putin y al Gobierno de Rusia por su agresión a Ucrania —y su coste en tantas vidas— y su oposición a calificar a Netanyahu “hasta que se pronuncie el TPI”. El PP, indiferente, como siempre, al dolor de quienes sitúa en el lado débil frente al fuerte; incapaz de colocarse, por Derecho y por Justicia, en el lugar correcto ante la historia.