¿Qué ha pasado para que ahora el Gobierno sí califique lo de Gaza como genocidio?

El pasado 26 de marzo de 2024, la relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, se sentó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para presentar las conclusiones de cinco meses de trabajos de investigación acerca de la respuesta israelí a los atentados del 7 de octubre del año anterior. El título del informe realizado por Albanese no dejaba lugar a dudas: “Anatomía de un genocidio”. “Después de casi seis meses de implacables ataques israelíes contra la Gaza ocupada, es mi solemne deber informar sobre lo peor que la humanidad es capaz de hacer”, aseguró. “En concreto, Israel ha cometido tres actos de genocidio: causar graves daños físicos o mentales a miembros del grupo [los palestinos en Gaza]; infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial; e imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo”, detalló la relatora. Ya entonces, Albanese solicitó a todos los Estados miembros de la ONU que cumplieran con sus obligaciones e impusieran tanto un embargo de armas a Israel como sanciones. Un año, cinco meses y nueve días después, España acaba de anunciar lo primero.

Este lunes, el presidente del Gobierno compareció en la escalinata de La Moncloa para avanzar nueve medidas urgentes “para detener el genocidio en Gaza”. Fue la primera vez que Pedro Sánchez escogía esta palabra para calificar el asedio israelí: genocidio, un término que el PSOE ha evitado pronunciar desde el Ejecutivo durante meses incluso a pesar de que sí lo hacían el resto de sus socios de izquierda. Sí la utilizó la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una entrevista en TVE en mayo de 2024, apenas un mes después del informe presentado por la relatora de Naciones Unidas. Lo que ocurre en Gaza es, dijo Robles, “un auténtico genocidio”.

Ese pronunciamiento, sin embargo, casi pareció más una salida personal de Robles que una decisión del Gobierno. La ministra de Defensa no volvió a usarla. De hecho, ni Pedro Sánchez ni el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, apoyaron la expresión. “Yo no controlo lo que dicen los ministros”, dijo este último. Hace tan solo un mes, en una entrevista con RNE, Robles fue interrogada de nuevo por este asunto. “Habló usted ya en mayo del año pasado de ‘auténtico genocidio’. Fue entonces criticada por ello. ¿Se le escapó o lo mantiene?”, preguntó el periodista, a lo que Robles contestó: “Genocidio es un término jurídico y yo hablé como jurista, pero creo que hay cosas en las que no se trata de cuestiones jurídicas. Lo que está ocurriendo en Gaza… Llámenlo como quieran. El que quiera llamarlo genocidio, que lo llame genocidio. El que quiera llamarlo masacre, que lo llame masacre“.

¿Qué ha cambiado entonces para que el Gobierno de España haya decidido que ahora sí es el momento de calificar lo que ocurre en Gaza como genocidio? No solo tiene que ver con la presión de los socios del Ejecutivo y la mayoría de los aliados de la investidura, sino con una movilización ciudadana cada vez mayor. No hay más que ver, por ejemplo, las protestas que se suceden en cada una de las etapas de La Vuelta ciclista a España. El próximo 4 de octubre, además, hay convocada una gran manifestación en Madrid para pedir el “fin al comercio de armas y a las relaciones con Israel”. Pero es que además las pruebas que Albanese vio hace más de un año para hablar de genocidio se han quedado cortas. Desde el 7 de octubre, Israel ha matado a casi 65.000 personas (sin contabilizar las que según el Ministerio de Salud gazatí todavía están bajo los escombros) y herido a cerca de 165.000. De entre todas las personas fallecidas, 387 han muerto de hambre (el pasado 22 de agosto, la ONU declaró de manera oficial la situación de hambruna en Gaza). Frente a la pasividad de la comunidad internacional, además, el Gobierno de Israel ha anunciado que incrementará sus ataques hasta lograr el control total de Gaza.

Desde hace meses, el embargo de armas ha sido uno de los temas que más fricciones ha generado en el Gobierno, sobre todo después de que se desvelara que el Ejecutivo de España mantenía en vigor contratos de compra de armamento israelí a pesar de asegurar que no sucedía desde el 7 de octubre de 2023. Todo empezó con un contrato de balas del Ministerio del Interior, pero luego se supo que había bastantes más acuerdos millonarios cerrados con empresas israelís o con colaboración israelí. Desde el 7 de octubre, las relaciones armamentísticas entre Israel y España han sido más “prolíficas que nunca”. Según una investigación del Centre Delàs, nuestro país ha sido uno de los principales importadores de material armamentístico israelí entre diciembre de 2024 y mayo de 2025. No fue hasta después del estallido del caso Cerdán cuando el PSOE acordó finalmente con Sumar llevar al Congreso una ley para el embargo de armas a Israel que todavía continúa sus trámites.

La compraventa de material armamentístico a Israel es algo que impide lo recogido en el Tratado sobre el Comercio de Armas de Naciones Unidas, del que España es uno de los primeros países en firmarlo. El acuerdo prohíbe cualquier transferencia de armas “si en el momento de la autorización” se tiene conocimiento de que el intercambio podría utilizarse “para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte”. En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y otros cargos del Gobierno israelí por cargos que incluirían crímenes de guerra y contra la humanidad. España es también uno de los países fundadores del Estatuto de Roma, el tratado constitutivo de la CPI.

Desde RESCOP, la Red Solidaria Contra la Ocupación Palestina, han celebrado la decisión del Gobierno, “una victoria del pueblo palestino y de 600 organizaciones que llevamos 23 meses exigiéndolo”. “La presión popular funciona”, han asegurado para señalar que seguirán “vigilantes a los detalles” y a la “aplicación del embargo”.