El Supremo de Brasil decreta arresto domiciliario para el expresidente Bolsonaro

El Tribunal Supremo de Brasil ha encerrado en casa al expresidente Jair Bolsonaro. El juez Alexandre de Moraes, instructor de la causa por su supuesta implicación en el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, ha ordenado este lunes su arresto domiciliario al considerar que el líder ultra ha incumplido las medidas cautelares decretadas en el marco de un proceso judicial en el que también se le acusa de haber financiado desde Estados Unidos una campaña para entorpecer el propio juicio. 

Según la resolución, Bolsonaro difundió mensajes políticos a través de las redes sociales de sus hijos Flávio y Eduardo, además de promover activamente las movilizaciones que buscan desacreditar al Alto Tribunal brasileño desde el exterior. “Ante el reiterado incumplimiento de las medidas cautelares previamente impuestas, ordeno el arresto domiciliario de Jair Messias Bolsonaro”, ha anunciado De Moraes en su resolución.

Después de la orden dictada por De Moraes, agentes de la Policía Federal se presentaron en la residencia del expresidente brasileño, en un barrio acomodado de Brasilia, donde se le requisaron varios teléfonos móviles. El arresto domiciliario impide que el exmandatario pueda recibir visitas no autorizadas —solo de familiares y de sus abogados— y reafirma la prohibición de comunicarse a través de las redes sociales, ya sea de forma directa o a través de terceros.

Pero, como ya sucedió en otras fases del proceso, el exmandatario desafió de nuevo las condiciones: el pasado domingo intervino por videollamada en una marcha convocada en São Paulo, mientras que en otras ciudades brasileñas se leyeron mensajes suyos en actos claramente políticos. Bolsonaro ya llevaba una tobillera electrónica, un dispositivo que se encargó de lucir hace semanas ante las cámaras y que, muy indignado, él describió como “un símbolo de humillación” de su país. 

El Supremo no encuadra el quebrantamiento de las cautelares como un gesto aislado, sino como parte de una ofensiva mayor. La resolución de este lunes alude a una campaña internacional impulsada por el propio entorno de Bolsonaro para desacreditar el juicio por el intento de golpe de Estado. Los investigadores sitúan el centro de operaciones en Estados Unidos, donde su hijo Eduardo Bolsonaro (diputado federal y rostro en el exterior del bolsonarismo) reside desde principios de año y donde ha desplegado una intensa actividad política para pedir sanciones contra el sistema judicial brasileño.

Según la Fiscalía, el expresidente destinó unos 300.000 euros a financiar esa estrategia, que incluye contactos con congresistas del Partido Republicano y presión desde la Casa Blanca. En las últimas semanas, Estados Unidos ha revocado visados a varios magistrados del Supremo, entre ellos el propio de Moraes, y ha anunciado un paquete de aranceles del 50 % sobre las exportaciones brasileñas. Donald Trump ha justificado esa medida con una frase que el entorno de Bolsonaro ha celebrado como una victoria política: “Lo que está ocurriendo en Brasil es una caza de brujas contra un patriota”.

La Fiscalía considera que esa campaña forma parte del fondo de la causa por intento de golpe. No se trata solo de un intento de eludir el juicio, sino de socavar la autoridad de la Corte Suprema con apoyo exterior. Para De Moraes, la intervención del expresidente en las marchas y las decisiones de Trump confirman que Bolsonaro no solo desobedece las medidas impuestas sino que persiste en su estrategia de desestabilización institucional.

La defensa dice que Bolsonaro no cometió crímenes

Después de hacerse pública la resolución del Supremo brasileño, la defensa de Bolsonaro emitió un comunicado en el que ha negado que se hubiesen incumplido las restricciones impuestas por el Alto Tribunal. El equipo legal argumenta que los mensajes difundidos en las manifestaciones del pasado domingo, como el “Buenas tardes, mi Brasil. Un abrazo a todos. Es por nuestra libertad. Estamos juntos”, no se pueden interpretar como un acto penal ni como una infracción de las medidas cautelares porque la Corte nunca prohibió expresamente su participación en actos públicos ni tampoco la concesión de entrevistas, por lo que recurrirán un fallo que describen como “desproporcionado e injustificado”.

El entorno familiar del expresidente ha ido un poco más allá y poco ha tardado en elevar el tono. Flávio Bolsonaro, senador e hijo mayor del exmandatario, ha pedido formalmente que el Senado inicie el proceso de destitución de De Moraes. “No tiene condiciones para seguir en el cargo. Está llevando al Supremo a un desgaste enorme”, ha dicho a la CNN Brasil. A su juicio, la decisión del juez es una respuesta directa a las sanciones impuestas desde Washington, lo que constituye una “venganza personal” del magistrado.

Desde Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, implicado en la investigación y considerado uno de los principales operadores de la estrategia exterior del bolsonarismo, ha calificado la resolución del Supremo brasileño como “un abuso de poder crudo para silenciar al líder de la oposición”. En paralelo, algunos de los sectores más duros de la ultraderecha en Brasil han vuelto a pedir la amnistía para los acusados por el golpe de Estado de 2023.

En el otro extremo del arco político, el Partido de los Trabajadores (PT), del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ha cerrado filas entorno a la decisión del Supremo. El dirigente Edinho Silva ha defendido que “si existe una orden judicial y esta se incumple, el Poder Judicial tiene la prerrogativa de endurecer las medidas” y ha llamado a los “defensores de la democracia” a respaldar la legalidad como única vía para reforzar las instituciones. El partido considera que el proceso contra Bolsonaro es también una prueba de resistencia para el sistema democrático brasileño.

Un cerco judicial cada vez más estrecho

Desde que dejó el poder el 1 de enero de 2023, Jair Bolsonaro no ha abandonado los tribunales. La Fiscalía lo acusa de liderar una trama para impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva tras su derrota electoral en 2022. El caso por intento de golpe incluye cargos por abolición violenta del Estado de derecho, organización criminal, daños al patrimonio público y deterioro de bienes protegidos. La pena solicitada supera los 40 años de cárcel y conllevaría su inhabilitación política definitiva.

Los fiscales han reconstruido los pasos del expresidente a partir del testimonio de Mauro Cid, su antiguo ayudante de campo, que firmó un acuerdo de colaboración con la justicia en 2023. Según su declaración, Bolsonaro discutió con ministros y altos mandos militares la posibilidad de anular el resultado de las elecciones, detener al juez De Moraes y asesinar a Lula. La ofensiva incluía decretos preparados para instaurar un estado de excepción y justificar una intervención del Ejército.

El Supremo ya había impuesto varias medidas cautelares en febrero de este año: confiscó su pasaporte, le prohibió contactar con otros investigados, ordenó que se mantuviera alejado de sedes diplomáticas y restringió su uso de redes sociales. En julio, De Moraes reforzó las condiciones con la tobillera electrónica y nuevas prohibiciones, tras constatar que Bolsonaro seguía maniobrando desde el extranjero con el respaldo de Donald Trump. A pesar de ello, el expresidente ignoró las advertencias e intervino en actos políticos en al menos dos ocasiones.

El propio Bolsonaro anticipó en campaña los escenarios que le esperaban: “Tengo tres caminos posibles: la presidencia, la prisión o la muerte”. Este lunes ha entrado oficialmente en el segundo. A sus 70 años, convertido en símbolo de la ultraderecha latinoamericana, permanece encerrado en su domicilio en Brasilia a la espera de una sentencia que podría marcar su final político.

Con la decisión del Supremo, Bolsonaro se ha convertido en el décimo expresidente brasileño detenido y el cuarto desde el regreso de la democracia en 1985, junto a Luiz Inácio Lula da Silva, Michel Temer y Fernando Collor.

Lula pasó 580 días en prisión tras ser condenado por corrupción en 2018, antes de que el Supremo anulase su proceso. Temer fue arrestado en 2019 por desvío de fondos públicos y Collor, este mismo año, empezó a cumplir una condena de más de ocho años por corrupción. La historia incluye además detenciones o confinamientos bajo regímenes militares de expresidentes como Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros o Artur Bernardes.

Bolsonaro, capitán retirado del Ejército y nostálgico de la dictadura, ha entrado en esa misma lista. Aún conserva la esperanza de presentarse a las presidenciales de 2026, pero su futuro inmediato depende ya del calendario judicial, no del político.