Región de Murcia: de laboratorio de la ultraderecha a vacuna democrática frente al odio

Este verano, la Región de Murcia ha estado en el centro de la actualidad nacional. Nos habría gustado estarlo por nuestra riqueza natural, gastronómica o cultural, pero, lamentablemente, lo hemos sido por las políticas reaccionarias del Partido Popular y la ultraderecha. Como murciano, me entristece profundamente porque esta deriva no representa la realidad de nuestra tierra: una comunidad de gente trabajadora, alegre, hospitalaria y que convive en armonía.

A principios de julio, en Torre Pacheco, fuimos testigos de una de las peores consecuencias del racismo y la xenofobia que han alimentado la derecha y la ultraderecha. Se produjeron auténticas cacerías contra personas por su origen, así como llamamientos a la violencia que nos retrotraen a los episodios más oscuros de la historia europea. Lo más alarmante no es solo que ocurran estos hechos, sino la peligrosa normalización de esta deriva fascista, algo que hace pocos años parecía impensable en nuestro país. Apenas un mes después, volvimos a los titulares nacionales por las iniciativas del Partido Popular y Vox en Jumilla para impedir la celebración de festividades islámicas en espacios públicos. Se trata de un atentado contra un derecho fundamental protegido por el artículo 16 de nuestra Constitución: la libertad ideológica, religiosa y de culto.

Desde hace semanas, amigos y conocidos de toda España me preguntan cómo hemos llegado a esta situación. Una preocupación que refleja el desconcierto de miles de personas ante las imágenes de Torre Pacheco o las noticias de Jumilla. La respuesta es clara: no es casualidad, sino el resultado de años de blanqueamiento de los discursos de odio por parte del Partido Popular. Ese proceso ha corrompido el debate público, fracturado la sociedad y puesto en riesgo la convivencia, uno de los pilares básicos de nuestra democracia.

Esta deriva se intensificó con la entrada de la ultraderecha en el Gobierno regional. La Región de Murcia lleva años convertida en un laboratorio de las políticas de la ultraderecha. En 2021, el PP incorporó por primera vez a Vox en un ejecutivo autonómico, entregándole la Consejería de Educación, un área clave. El resultado fue la implantación del llamado “veto parental”, una medida para censurar en los centros educativos contenidos relacionados con la salud sexual o la identidad de género.

Afortunadamente, gracias a la rápida intervención del Gobierno de Pedro Sánchez, esta medida fue paralizada, garantizando así el derecho del estudiantado a recibir una educación integral e igualitaria. Pero ese fue solo el principio. Tras las últimas elecciones autonómicas, Vox ha utilizado la administración regional como altavoz para su discurso de odio y como herramienta para aplicar políticas regresivas.

En todo este proceso, el papel del Partido Popular ha sido decisivo. Desde el PSOE regional ofrecimos un acuerdo para aprobar los presupuestos de 2025, con la única condición de excluir las políticas ultraderechistas. El presidente López Miras rechazó nuestra propuesta y optó por pactar con Vox unos presupuestos que incluyen medidas racistas y xenófobas, como el cierre de un centro de acogida para niños y niñas que se encuentran solos en nuestro país.

La sumisión del PP a Vox es tal que un simple mensaje en redes sociales de Santiago Abascal amenazando con romper el pacto bastó para que la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, paralizara la adquisición de viviendas destinadas a estos menores junto a un mensaje en redes sociales: “Rectificar es de sabios. No volverá a suceder”. Vox ordena y el PP obedece.

Desde el Partido Socialista, hemos respondido con firmeza y lo seguiremos haciendo. Hemos denunciado ante la Fiscalía al presidente regional de Vox, José Ángel Antelo, por delito de odio en Torre Pacheco. Además, el Gobierno de España ha enviado un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla para proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Como decía, la Región de Murcia es hoy un laboratorio que permite imaginar cómo sería un país gobernado por Feijóo y Abascal. Lo que estamos viendo debe servir como una vacuna democrática, como un revulsivo para todos los ciudadanos y ciudadanas que no quieren un Gobierno del odio en la Moncloa.

Nos jugamos mucho. Están en cuestión los derechos y libertades que tanto esfuerzo han costado conquistar. Está en riesgo el modelo de sociedad que durante casi cinco décadas de democracia hemos construido sobre los pilares de la justicia social y la igualdad de oportunidades.

Este es un momento decisivo. Debemos afrontarlo con la vista puesta tanto en el presente como en el futuro, pensando en el país que queremos dejar a nuestros hijos e hijas. Por este motivo, hoy es más urgente que nunca que toda la sociedad democrática entienda que el futuro de nuestro país pasa por un proyecto de convivencia, respeto a los derechos humanos y defensa firme de los valores constitucionales como el que lleva a cabo el Gobierno del presidente Pedro Sánchez.

Porque somos mayoría quienes creemos en un país más justo, más libre y más democrático, la sociedad española se volverá a imponer frente a la sinrazón y el odio. 

Francisco Lucas es secretario general del PSOE en la Región de Murcia, diputado al Congreso por Murcia y secretario de Reforma Constitucional y Nuevos Derechos de la CEF del PSOE

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