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Varias denuncias ciudadanas sobre contrabando de combustible en Tabasco durante la administración de Adán Augusto López Hernández permanecieron sin respuesta, reveló el periodista especializado en seguridad José Luis Montenegro, en entrevista para Aristegui en Vivo.
El primer caso documentado fue el 24 de abril de 2019, cuando un ciudadano denunció que líneas de transporte cargaban huachicol en Comalcalco, cerca de la terminal de Pemex, en operaciones vinculadas con empresas contratistas del gobierno federal y con líderes huachicoleros identificados en informes de inteligencia.
Otro caso ocurrió el 30 de julio de 2020, cuando un denunciante anónimo documentó cómo una camioneta distribuía combustible robado en botellas de tres litros.
El combustible se ofrecía en 3.50 pesos por litro, sin factura y con presunta protección de policías estatales y federales.
Montenegro explicó que el ciudadano realizó pruebas de densidad y comprobó que se trataba de hidrocarburo de Pemex.
“Este quejoso asegura que sabe perfectamente que es hidrocarburo de Pemex robado”, señaló.
Según Montenegro, varias de estas denuncias fueron dirigidas al propio Adán Augusto López cuando era gobernador de Tabasco, sin que aparentemente hubiera acción por parte de las autoridades locales.
Las empresas implicadas, como FJ Comercializadora y Arrendadora SADCB, habían sido contratistas del gobierno estatal y ofrecían el combustible a bajo precio, sin facturación, y con presunta protección de policías estatales y federales.
Montenegro indicó que la operación incluía la venta de pipas de 60 mil litros y transporte del combustible a otros estados, incluyendo Veracruz, Oaxaca y la península de Yucatán.
Otro caso involucró a Maquiladora de Lubricantes SADSB, que según los denunciantes vendía aceites quemados como combustible alterno; además, Montenegro señaló que varios empleados renunciaron al descubrir que participaban en redes de robo de hidrocarburos en la terminal de Dos Bocas.
Estos empleados renunciaron porque era parte de la red que operaba en el robo de diésel y crudo de Pemex.
El periodista subrayó que este modus operandi no es aislado, sino recurrente en la región, donde se compran pipas o se preparan huachibuques para vender combustible a comunidades locales y contratistas.
También detalló que las empresas señaladas operaban clandestinamente, sin permisos adecuados en Tabasco, y que algunas de sus autorizaciones solo les permitían funcionar como centros de acopio, según documentos proporcionados por los denunciantes.
Sobre la falta de actuación estatal, Montenegro cuestionó que “si los ciudadanos tabasqueños tenían conocimiento de estos hechos, ¿por qué las autoridades locales no actuaron para investigar estos casos?”
Recordó que algunas denuncias datan de años atrás y estaban vinculadas con transportistas y líderes huachicoleros ya identificados por la Sedena y la inteligencia federal.
Actualmente, las investigaciones han avanzado gracias a la figura del testigo protegido, lo que ha permitido rastrear redes de robo de combustible de alto nivel.
Montenegro mencionó a Alejandro Torres Joaquín, director de la aduana de Tampico, y a Carlos Tomás Díaz Rodríguez, exlíder de “la Barredora”, como fuentes clave en el seguimiento de estas redes.
El periodista concluyó que, pese a la evidencia y las denuncias, “ya tienen bastantes años en el limbo y no hubo una operación quirúrgica por parte del gobierno estatal para desmantelar esta red criminal”, lo que evidencia una presunta inacción institucional ante un delito que afectó el patrimonio y la seguridad energética del país.
Written by: Aristegui Noticias
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