Fallece Martín Medina en la cárcel; madre de su exmujer viaja a corroborar el hecho

El cuerpo de Martín Alberto Medina Sonda, empresario tabasqueño y exesposo de Emma Gabriela Molina, fue hallado sin vida el pasado lunes en el Centro de Reinserción Social (CRESET) de Tabasco. El gobernador Javier May informó que la investigación apenas comenzaba y señaló: “Todo parece que fue suicidio”. Medina cumplía una condena de 50 años por el feminicidio de Emma Gabriela, además de otra sentencia superior a 12 años por desvío de recursos públicos desde 2014.

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La historia de violencia contra Emma Gabriela

Emma Gabriela Molina, originaria de Yucatán, estuvo casada durante 16 años con Medina Sonda, político y empresario priista. Durante ese tiempo, junto con sus tres hijos, fue víctima de violencia física, psicológica, económica y patrimonial. En 2012, luego de divorciarse, Emma fue secuestrada por órdenes de su expareja, con apoyo de agentes judiciales de Tabasco. Fue golpeada y encarcelada durante cuatro meses bajo cargos falsos de robo de autos.

Ese mismo año, Medina Sonda retuvo a los tres hijos de la pareja y los mantuvo ocultos por dos años, impidiendo todo contacto con su madre. Emma logró recuperar la custodia en 2015, aunque las amenazas en su contra aumentaron.

El 27 de marzo de 2017, mientras ya cumplía una condena por corrupción, Medina ordenó desde prisión el asesinato de su exesposa. Dos sicarios la apuñalaron 11 veces frente a su casa en Mérida, Yucatán. Emma murió a los 40 años.

El impacto en la familia

Tras el feminicidio, Ligia Canto, madre de Emma, se convirtió en activista. Ha denunciado de manera constante que el hostigamiento contra la familia nunca cesó: “Nunca nos dejaron tranquilos. Siempre teníamos gente que nos vigilaba. Sobre todo desde que Gabi recuperó a sus hijos”, declaró.

Ligia misma fue detenida en 2014 y trasladada al penal de Puente Grande, acusada falsamente de clonación de tarjetas de crédito. Estuvo presa 10 días hasta que la presión social y mediática logró que el caso fuera desechado. Ella asegura que parte del financiamiento de ese acoso provenía de empresas vinculadas a Medina, incluyendo depósitos de la Fundación Heres, con los que se pagaba a quienes vigilaban a su hija.

Omisiones del Estado

Desde 2007, Emma había denunciado violencia extrema, pero nunca recibió protección efectiva. En 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó a las autoridades federales y estatales garantizar su seguridad y registrarla como víctima, pero no se aplicaron medidas. Incluso, Emma y su madre entregaron su expediente directamente al entonces presidente Enrique Peña Nieto en dos ocasiones, sin obtener respuesta.

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Una senadora de Yucatán advirtió en 2017: “La de Emma fue una muerte anunciada”.

Con la confirmación de la muerte del empresario, Ligia Canto viajó a Tabasco para verificarlo personalmente. Tras hacerlo, expresó: “Siento que hay uno menos en ese ajedrez de maldad y perversidad. Sin embargo, todavía faltan muchos”.

Hoy, Ligia se hace cargo de sus tres nietos, ya mayores de edad, en condiciones de precariedad. Reclama reparación del daño y denuncia el abandono total por parte de las autoridades. Su lucha, afirma, busca que el feminicidio de Emma sirva de ejemplo para proteger a las mujeres que se atreven a denunciar violencia.

Con información de SUN

BB