Un funcionario permitió que sus amigos y familiares vivieran en casas para personas sin hogar durante 10 años y la Justicia llama a su puerta

Polémica por un grave caso de negligencia en Holanda. Un funcionario de la Administración Pública de ese país abrió las puertas de unas viviendas destinadas a la inserción social a sus familiares y amigos de forma gratuita durante 10 años. El escándalo ha salido a la luz en los últimos días, y el Consistorio de Rotterdam ha interpuesto una denuncia por fraude, además de inhabilitar al empleado de sus funciones.

Tal y como publica el medio AD Region, se trata de un total de ocho viviendas. El fraude salió a la luz después de un informe interno en septiembre del año pasado. De este modo, se inició una investigación para esclarecer lo ocurrido, en la que se reveló que el empleado permitió por primera vez una casa en 2015 y, finalmente, un total de ocho casas en 2024 para ser utilizadas por familiares y amigos.

El informe de las investigaciones revela datos alarmantes. En el momento de la entrega de llaves, no se llegó a ningún acuerdo sobre el pago del alquiler u otros costos y los residentes no tuvieron nada que firmar: esto le ha costado al municipio 337.000 euros, según la investigación. “El empleado hizo esto engañando a sus allegados y manipulando los sistemas administrativos”, escribe el ayuntamiento en un comunicado remitido a la prensa.

Un mes después del inicio de la investigación, el empleado fue, finalmente, despedido. Este trabajaba en el proyecto (Z)onderdak, en el que se ponen a disposición de personas en riesgo de exclusión viviendas temporales. El objetivo: que los afectados puedan encarrilar de nuevo sus vidas. “Para estas viviendas, el Consistorio incurre en costos mensuales para el pago de alquiler, gas, agua, electricidad e impuestos municipales”.

De este modo, los familiares y conocidos no cumplían con las condiciones en absoluto. Nunca se inscribieron y su situación de vulnerabilidad no fue probada. Por ello, se culpa también a algunos de los residentes por no hacer sonar la alarma. “Como resultado, se han enriquecido ilegalmente a expensas del municipio”, relata la carta del Ayuntamiento. Mientras tanto, el municipio ha comenzado a desalojar las casas y a hacer arreglos de pago. Además, los empleados ya no pueden tomar la decisión de asignar una casa por su cuenta.