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La Cámara de Diputados aprobó ayer la Declaratoria de Reforma Constitucional en materia de extorsión, un paso que faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general que homologue los tipos penales y sanciones relacionadas con este delito. Con la validación de 25 congresos estatales, el decreto fue remitido al Ejecutivo federal para su publicación y entrada en vigor.
En sesión de pleno, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, realizó la declaratoria oficial. “El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución y previa aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformado el inciso A de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución en materia de extorsión. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales”, indicó.
Los congresos que aprobaron la reforma fueron los de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.
El decreto establece un plazo de 180 días para que el Congreso de la Unión expida la ley reglamentaria, la cual deberá fijar, como mínimo, los tipos penales, sus agravantes, delitos vinculados y sanciones aplicables. La intención de la reforma es crear un marco legal uniforme que permita prevenir, investigar y sancionar la extorsión, además de garantizar mecanismos de atención efectiva a víctimas, ofendidos y testigos.
Legisladores subrayaron que el delito de extorsión ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero de 2025 se registró un promedio diario de casi 30 extorsiones, lo que representa un incremento del 57 por ciento respecto a seis años atrás, cuando se contabilizaban 19 casos por día.
Asimismo, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que en 2023 la extorsión fue el delito más frecuente contra las unidades económicas, con un costo superior a 124 mil millones de pesos, equivalentes a 0.51 por ciento del Producto Interno Bruto del país.
Con esta reforma, el Congreso de la Unión contará con la facultad de establecer un tipo penal único a nivel nacional, con el objetivo de evitar vacíos legales y discrepancias en la aplicación de la ley entre distintas entidades. Además, se prevé que la nueva legislación incluya medidas específicas para proteger a las víctimas, garantizar la reparación del daño y coordinar esfuerzos con autoridades locales y federales para la persecución de los responsables.
Durante la sesión, los diputados coincidieron en que contar con una legislación homogénea permitirá fortalecer la seguridad pública y brindar certeza jurídica a las personas y empresas afectadas por la extorsión. La aprobación de esta reforma marca un avance significativo en la estrategia del Gobierno federal y del Congreso para combatir un delito que ha tenido un impacto creciente en la economía y en la vida cotidiana de los mexicanos.
Con la publicación del decreto por parte del Ejecutivo federal, la reforma entrará en vigor, y el Congreso tendrá un plazo de seis meses para emitir la ley general que definirá el marco legal definitivo contra la extorsión en México.
Agencias
Precisaron que se han registrado hasta 11 mil denuncias al año y, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, durante 2023 se cometieron 4.9 millones de delitos de extorsión, lo que equivale a una tasa de 5 mil 213 extorsiones por cada 100 mil habitantes.
Las autoridades señalaron que el 85.6% de estos casos se cometieron por teléfono, mientras que en 12.9% de las ocasiones la víctima pagó la extorsión. La cifra refleja la persistencia de este delito, que afecta tanto a personas físicas como a unidades económicas en todo el país.
En los primeros cinco meses de 2025, se registraron 4 mil 882 víctimas de extorsión, la cifra más alta en los últimos diez años, lo que representa un incremento del 82% en esta década. Los expertos coinciden en la necesidad de fortalecer estrategias de prevención, denuncia y protección de las víctimas para frenar el crecimiento de este delito.
CT
Written by: El Informador
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