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El Real Decreto por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas de las comunidades y ciudades autónomas, aprobado este pasado martes en Consejo de ministros, da solución a uno de los episodios más vergonzosos de la política española de los últimos tiempos: la negativa de ciertas comunidades autónomas en asumir sus competencias propias. Se trata de una actitud indecente, ya que el reparto de niños y niñas no acompañados ha sido una práctica habitual dentro de los órdenes del día de las diferentes Conferencias de Infancia y Juventud convocadas periódicamente por los distintos gobiernos que han gobernado este país en democracia.
Estamos hablando de Derechos Humanos, de los derechos de los más vulnerables, de los derechos de los niños y de las niñas, de los que están indefensos, de los que no tienen voz y que están solos porque no les acompañan ningún adulto para cogerles de la mano y para darles un abrazo. Es terrible saber que el estrés emocional y físico de estos menores, de estos niños y niñas, les dejará secuelas para siempre en su vida adulta y nosotros tenemos la obligación de darles una calidad de vida digna.
¿Qué ha ocurrido para que los presidentes autonómicos se olviden del principio de lealtad institucional y para que renieguen del principio de solidaridad interterritorial, que no es otro que el de ayudar a tus propios compatriotas cuando se encuentran en apuros ante una emergencia?.
No debería haber sido el Gobierno, sino todas y cada una de las comunidades autónomas las que, en virtud de sus competencias, deberían haber reclamado la llegada de menores a sus territorios, poniendo a disposición en la Conferencia de Infancia y Juventud todos los medios y recursos materiales y humanos para evitar el hacinamiento de niños y niñas en Canarias, en Ceuta y en Melilla.
¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí?. ¿Por qué estos niños y niñas desamparados les han convertido en protagonistas de una de las estrategias políticas más crueles para derrocar al gobierno de un país?.
Esta estrategia política diseñada desde la calle Génova, sede manchada por la corrupción, está dirigida por un político hundido por su falta de liderazgo. Feijóo dirige un partido que teme la llegada del inminente curso político, porque volverán a sentarse en el banquillo de los acusados líderes y exlíderes populares por tantas tramas y casos de corrupción. Pero esta miserable estrategia es una huida hacia adelante en la que se ha abrazado a los postulados de la ultraderecha como el único flotador para sobrevivir, sin ser capaces de vislumbrar los riesgos que conlleva gobernar o apoyarse en Vox.
Sólo hay que observar los presupuestos autonómicos para darse cuenta de que el Partido Popular está más hundido de lo que uno se imagina, porque el abandono de los servicios públicos tales como la prevención de incendios, la sanidad y la educación, entre otros, en aras de favorecer otras partidas como los espectáculos públicos y actividades recreativas nos dan una idea de sus verdaderas prioridades, que no son otras que el enriquecimiento de unos pocos.
Porque si el liberalismo, defensor de la libertad individual y de llevar al Estado a la mínima expresión, con unos inexistentes servicios públicos, nunca supo resolver los derechos de las minorías, imagínenselo unido a la extrema derecha que rechaza las minorías, que crea discursos de odio basados en mentiras, repetidas hasta la saciedad en redes sociales y en algunos medios de desinformación. Es decir, utilizando los mismos mecanismos de propaganda que condenaron al mundo a la guerra, que conllevó millones de pérdidas humanas y la destrucción de Europa.
Los recursos ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal Supremo de algunos y de algunas presidentes y presidentas de comunidades autónomas demuestran que la estrategia política de derrocar al gobierno de Pedro Sánchez no tiene límite. Los populares todavía no son conscientes que perdieron su dignidad el día que, ante la moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy, el propio M. Rajoy desapareció del hemiciclo. Ese día nos dimos cuenta de que el Partido Popular había perdido la dignidad, el respeto y la lealtad institucional y hoy vemos que aún no los han encontrado.
Este Real Decreto emana justicia social y solidaridad porque cuando se desplegó el dispositivo para acoger a refugiados ucranianos no hubo ninguna queja, ningún recurso ante los tribunales. En cambio, ante los niños y niñas del continente africano que sufren también las consecuencias de guerras y de desplazamientos de población por los estragos del cambio climático, el racismo ha desplegado sus alas, ocultándose tras discursos ridículos y perversos que llenan de miseria a algunos partidos políticos. El PP y Vox deberían cuidarse porque el racismo y el odio no generan calidad de vida, ni progreso, no defienden los derechos y las libertades públicas propias de nuestra democracia; al contrario, los estrangula y acabará asfixiando a nuestra sociedad. Por esto urge poner en valor los Derechos Humanos, urge considerar que el cambio climático está provocando y que va a provocar desplazamientos humanos y urge apartar a la derecha y a la ultraderecha de las instituciones, porque ante un mundo tan cambiante, necesitamos soluciones cimentadas en la justicia social.
Luc André Diouf Dioh es portavoz de Migraciones del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso
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Written by: Huffington Post
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