El incendio que lo cambió todo: la lección de Guadalajara 20 años después, desde la inversión a la creación de la UME

El julio en la meseta siempre abrasa la tierra seca y los pastos manchegos. Es así ahora y hace 20 años, cuando las llamas protagonizaron el incendio más letal del siglo en España. Corrían las tres de la tarde del 16 de julio de 2005 cuando una barbacoa veraniega daba comienzo a uno de los infiernos que entrarían en forma de ceniza en la historia. En el merendero próximo a la Cueva de los Casares, en Riba de Saelices (Guadalajara), un grupo de excursionistas decidió encender la cerilla que lo cambiaría todo y que deja, en la actualidad, una valiosa lección de lo que el fuego logró imponer mediante la tragedia a las medidas antincendios de toda una nación. Aquel suceso recibió el nombre de “huracán de fuego”. 

El incendio abrasó un total de 11.000 hectáreas y se cobró la vida de 9 bomberos y 2 agentes medioambientales. Cada año, el recuerdo de Jesús, Mercedes, José, Manuel, Marcos, Luis, Julio, Jorge César, Sergio, Alberto y Pedro sigue latente en el recuerdo de las familias y seres queridos que conmemoran a aquellos que luchan de forma perenne por el cuidado de los campos y la extinción de los incendios. A aquellas temperaturas de 33 grados, además, se sumaron fuertes ráfagas de viento que incrementaron y envalentonaron las llamas que se revolverían entre sí y que provocarían una de las extensiones más rápidas que se recuerdan. “El huracán de fuego fue muy grande, yo no pensaba… Yo creo que nos vio y dijo ‘vosotros sois míos’, vino a por nosotros, ¿sabes? Porque estaba muy lejos”, relataba entonces desde la cama del hospital Jesús Abad —único superviviente del incendio de Guadalajara— a los micrófonos de Televisión Española. 

“Sobreviví por las ganas de vivir, pero ahí, debajo del camión en el que me refugié y del que caía agua, pensaba que me moría. Todo ardiendo —incluso tú mismo—, sin aire, con el fuego asaltándote…”, aseguraba desde su perspectiva que le dejó con severas quemaduras en los brazos y la cara, además de varias costillas rotas. Un total de 650 vecinos de cinco municipios fueron desalojados y evacuados de sus respectivos hogares mientras las llamas arrasaban con todo a su paso, una escena que todavía sigue marcada y que supuso un antes y un después en la política antincendios. 

Dos años antes —en 2003— el Congreso consolidó oficialmente la Ley de Montes. Un hito que regulaba y actualizaba el marco legal para la gestión de los espacios forestales después de la última normativa que fue aprobada en 1957, tiempos de la dictadura. Además, obligaba a las comunidades autónomas a tomar medidas de forma inmediata y, dentro de ellas, se especificaban apartados como la prohibición de realizar barbacoas u hogueras cuando las condiciones meteorológicas apuntaran a un riesgo elevado de incendio. Sin embargo y como suele ser habitual, no había una concienciación ni en las autoridades ni en la sociedad que hiciera un cumplimiento estricto de la ley, con lo que los fuegos necesarios para cocinar se seguían encendiendo por los merenderos de todo el país con regularidad.

Finalizado el incendio, llegó la odisea judicial para discernir las responsabilidades de haber causado el incendio más letal de la historia española. Un camino que fue tan seguido como la tragedia debido a que la Justicia imputó en un primer momento a un total de 29 personas en las que no sólo se encontraban los excursionistas, sino también altos cargos del gobierno autonómico como la exconsejera de Medio Ambiente, Rosario Arévalo, que dimitió al poco del incendio. Pese al furor de las primeras instancias judiciales, el caso se fue diluyendo con el paso de los días y no fue hasta ocho años después cuando la Audiencia Provincial condenó a uno de los que estaban presentes en la barbacoa a dos años de prisión, una multa de 3.000 euros e indemnizar a la Junta de Castilla-La Mancha con 10 millones de euros. Además, se rebajó la condena al admitir que ha habido dilaciones indebidas en el proceso y por confesar que hizo el fuego.

El incendio de Guadalajara provocó una crisis nacional sin precedentes en la que tanto el Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha, presidido por José María Barreda, como el Ejecutivo nacional, liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, se vieron desbordados por las llamas de un julio imborrable. Las críticas, de una forma similar a la actualidad, se convirtieron en puñales que volaban de un lado a otro entre los grandes partidos. Sin embargo, en este caso el territorio manchego también estaba gobernado por el Partido Socialista, al igual que en la Moncloa. Esta situación obligó a Zapatero a empezar a tomar medidas que, entonces, eran extraordinarias y que ahora se han convertido en imprescindibles para la gestión y mitigación de cualquiera de las catástrofes que han asolado el país en los últimos años.

Tras el impacto social que supusieron los fallecidos de Guadalajara y el desastre natural, el clamor por implantar nuevas medidas efectivas emergió en el tono más alto posible. Fue entonces cuando el 7 de octubre la Unidad Militar de Emergencias (UME) fue diseñada por el Gobierno socialista, aunque no fue hasta un año después cuando se integraron en las Fuerzas Armadas españolas y se asentaron tal y como se conoce en la actualidad. Pese a ello y al incendio de Guadalajara, las críticas al Ejecutivo de Zapatero no se hicieron esperar. El Partido Popular puso en entredicho cada uno de los apartados que componían a la unidad e incluso llegó a plantear la inconstitucionalidad de la UME al entender que “la realización de tareas contra catástrofes naturales no correspondía a los militares porque chocaba con la misión fundamental que recoge la Constitución para las Fuerzas Armadas”. Además, también tildó la medida de “capricho faraónico”, “despilfarro” o de “costosa y pintoresca”.

La unidad sirvió como precedente a nivel nacional e internacional. Años después de su implantación, la ministra de Defensa del Gobierno, Carmen Chacón, aseguró que una veintena de países se habían desplazado a España para “copiar” el diseño de la UME para responder a las diferentes tragedias naturales. “La UME es una referencia dentro de España, y ahora también es un modelo para el resto del mundo”, aseguraba entonces la exministra que recalcaba que “la actuación de las Fuerzas Armadas, junto a la diplomacia, es condición imprescindible para que se pueda abrir un nuevo tiempo para la política”. Rusia, Marruecos o Chile fueron algunos de los países que implantaron sus propias unidades militares de emergencia en un contexto en el que España quedó identificada como un país innovador en este sentido. 

Ahora, 20 años después y según los datos de ASEMFO (Asociación Nacional de Empresas Forestales), la inversión en materia de prevención de incendios ha descendido un 51% entre 2009 y 2022. Todo ello incluyendo tanto a la Administración General del Estado como a las comunidades autónomas. Se trata de una caída de 364,17 millones de euros en la pasada década hasta los 175,8 hace tres años. Algo difícil de entender teniendo en cuenta que, además de que este verano se han producido los peores incendios de las últimas décadas a la par que los más devastadores, el pasado curso las llamas también causaron estragos por todo el país. Tanto es así que la superficie forestal afectada durante ese año equivalió al 53% de la media de la última década.    

Después de la tragedia con víctimas mortales y centenares de miles de hectáreas abrasadas, el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto públicamente un pacto de Estado para paliar las emergencias que pueden surgir por el cambio climático. 20 años después de Guadalajara, existe la posibilidad de que una nueva tragedia haga que se ponga encima de la mesa uno de los fenómenos naturales que asolan el país cada verano y que, en este, ha llegado al punto álgido convirtiéndose en la peor época estival de las últimas décadas.