Las mujeres de EEUU, "aterrorizadas" por el trato de Trump: tontas, locas, sin derechos

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca está poniendo el planeta patas arriba. Gaza, Ucrania, los aranceles… Pero internamente también está generando terremotos de enorme intensidad. Las mujeres son una de sus dianas predilectas y, como se esperaba, se han convertido en unas de las mayores perjudicadas de sus políticas. Apenas llegó a la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero, pero ya ha dejado su impronta. Y lo que está por venir. 

No sólo preocupan las acciones concretas que ha tomado, sino la filosofía de fondo, la manera de mirar a sus ciudadanas: como si fueran tontas y locas, como objetos sin derechos a las que hay que tutelar, guiar y aconsejar y que no tienen capacidad de decidir sobre sus acciones. 

“Las mujeres no pueden permitirse a Trump”, resume Teresa Leger Fernández, miembro de la Cámara de Representantes de EEUU por Nuevo México, que preside el Caucus de Mujeres Demócratas (DWC, por sus siglas en inglés), 96 políticas que el martes pasado se presentaron vestidas de rosa al primer discurso del republicano en el Capitolio. Una manera de protestar y, también, de mostrar “el poder y la perseverancia de las mujeres”. También portaban chapas en las que se leía: “Traición en favor de multimillonarios”. 

Y es que, como dice el DWC en el comunicado enviado a El HuffPost, a las norteamericanas se les está “infligiendo dolor” para beneficiar a los amigos ricos de Trump. Su protesta más caliente va contra la decisión federal de desmantelar el programa Medicaid para financiar la entrega de impuestos a billonarios, a pesar de que esta red le sirve a 79 millones de estadounidenses, incluyendo muchas familias en comunidades rurales. Lo mismo ha anunciado para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que en 2023 benefició a un promedio mensual de 42.1 millones de personas (por ejemplo, alimenta y mantiene saludables a 13 millones de niños) y que va a ser desmantelado. 

Ambas son propuestas que buscan reducir costos, básicamente. Lo que ocurre, denuncia Leger Fernández, es que en total se van a reducir de presupuesto más de 880.000 millones de dólares cuando, en paralelo, se va a dar “una exención impositiva de 4.500 millones a donantes multimillonarios y grandes corporaciones”. “Sacarán el dinero directamente del bolsillo de las mujeres, que son más más perjudicadas”, lamenta. “Sin estos programas, las mujeres tendrán que pagar más dinero (a menudo dinero que no tienen) por atención médica, comida y para llegar a fin de mes. Las mujeres no pueden permitirse el presupuesto republicano”, denuncia. Están, directamente, “aterrorizadas”, se duele. 

La Asociación Nacional para Mujeres y Familias de EEUU ha elaborado un listado de hasta 20 medidas aprobadas por Trump en este periodo, “un torbellino caótico”, que afectan a mujeres y familias. “La Administración está abusando de su poder para hacer retroceder el reloj en materia de derechos y protecciones para cientos de millones de personas”, es su conclusión clara. 

Destacan, como la política demócrata, los recortes de ayudas “para financiar los recortes de impuestos (…) para los ricos y poderosos”. “La investigación de National Partnership muestra que 24 millones de mujeres están inscritas en el programa Medicaid, más de la mitad de las cuales son mujeres de color”, explica. Las mujeres son la mayoría de las personas mayores que reciben Medicaid en todos los estados.

Hablamos del “mayor pagador de salud materna en el país y brinda acceso a servicios preventivos como exámenes de detección de cáncer y enfermedades crónicas, planificación familiar y apoyo y servicios a largo plazo para mujeres mayores y mujeres con discapacidades”. El recorte propuesto pr el republicano sería el equivalente a eliminar los beneficios para casi 4,8 millones de beneficiarios de Medicaid de 65 años o más anualmente, incluidas 2,8 millones de mujeres mayores.

En el caso de SNAP, lo define como el programa es el programa contra el hambre más grande del país, que “ha demostrado en la inseguridad alimentaria, los resultados de salud, los costos médicos y el desempeño escolar de los niños”. Las mujeres tienen una “probabilidad desproporcionada de sufrir inseguridad alimentaria” si no lo tienen, toda vez que también representaron más de la mitad de los beneficiarios adultos no ancianos en 2022. SNAP sacó a 3,4 millones de personas de pobreza en 2023, mientras proporcionaba apenas 6,20 dólares a los beneficiarios en promedio cada día. Le parece mucho a Trump esa “paguita”.

La salud, amenazada

La citada asociación insiste en que la salud es, por ahora, el área más tocada por Trump, junto al empleo y el sector público. Aparte de los citados recortes, ahora se amenaza la Ley FACE de Libertad de Acceso a las Entradas a Clínicas Abortibas, que convierte en delito federal el uso de la fuerza, amenazas de fuerza u obstrucción física para impedir que las personas reciban o presten servicios de salud reproductiva, como abortos. 

Esta norma se aprobó en 1994, en respuesta a la violencia de los manifestantes antiabortistas contra los proveedores de abortos, como mediante bloqueos, sentadas en clínicas y atentados con bombas. La Federación Nacional del Aborto considera que entre 1977 y 2022 hubo 11 asesinatos, 42 atentados con bombas, 531 agresiones y 492 invasiones de clínicas, entre miles de otras actividades delictivas dirigidas a proveedores de abortos, pacientes y voluntarios. Las amenazas de muerte y otras amenazas de daño contra los proveedores solo han aumentado a raíz de la decisión Dobbs que revocó Roe v. Wade, pero el Departamento de Justicia del presidente Trump anunció en sus primeros días que ya no haría cumplir la ley excepto en circunstancias graves y “extraordinarias”. El Departamento de Justicia ha desestimado tres casos civiles de obstrucciones en clínicas.

Durante la campaña, por electoralismo, Trump fue vago en cuanto a sus intenciones de implementar una política nacional sobre el aborto y su equipo no respondió a las múltiples consultas de la prensa sobre cómo manejaría su administración esta materia espinosa. Sus representantes, en cambio, se hicieron eco de su amplia promesa de dejar la política sobre el aborto en manos de los estados. Parece que es lo que está pasando, a tenor de la decisión de esta semana de retirar una demanda federal que había puesto Joe Biden en Idaho, intentando revertir los amplios vetos al aborto en el estado.

Ya no se va a pelear por dar más derechos a las mujeres y eso puede alentar a otros estados a hace lo mismo que Idaho: apretar el puño. Hay una demanda particular, de un hospital de la zona, que sigue el proceso judicial, pero Trump ya ha dejado claro que no va a dar esa batalla. 

En su primera semana, ya revocó varias órdenes ejecutivas firmadas por el Biden que buscaban proteger el acceso a la atención de la salud reproductiva. Entre ellas, una que ordenaba al Departamento de Salud y Servicios Humanos proteger el acceso al aborto con medicamentos, garantizar la atención médica de emergencia, proteger el acceso a la anticoncepción y más. También tra otra que creó un enfoque de todo el Gobierno para el acceso al aborto y a otros servicios de salud reproductiva, incluido un grupo de trabajo interinstitucional. 

La administración recién llegada -cuajada de altos cargos provida- también ha reafirmado la Enmienda Hyde , que impide que se utilicen fondos federales para financiar abortos; esa orden ejecutiva va incluso más allá que el texto original, abriendo las puertas para poner fin a la financiación de programas que se consideren que “promueven” el aborto de cualquier manera, incluidos los servicios de planificación familiar. Estos cambios ponen en riesgo a decenas de millones de mujeres, especialmente en estados con acceso restringido al aborto.

“Las mujeres, no los políticos, deberían estar a cargo de decidir si formar o hacer crecer una familia, cuándo y cómo hacerlo”, resume la DWC.

Interrupción del embarazo aparte, la Administración también ha intentado congelar de manera generalizada todas las subvenciones y préstamos gubernamentales, lo que “inmediatamente ha causado caos y detuvo la financiación de los servicios que apoyan a las mujeres y las familias, como las organizaciones sin fines de lucro que luchan contra la violencia doméstica”. Ya no es salud sólo, es vida o muerte.

Aunque un juez finalmente bloqueó la entrada en vigor de la orden, el ataque del presidente Trump a la financiación vital continúa: importantes instituciones de investigación como los Institutos Nacionales de Salud han visto recortada su financiación y su personal, lo que ha provocado incertidumbre sobre la financiación futura de las investigaciones, la cancelación de paneles de estudio y la grave posibilidad de que los investigadores y científicos cierren sus laboratorios. 

“Incluso pequeños retrasos ponen en juego millones de dólares para la investigación vital sobre la salud de la mujer”, avisa la Asociación Nacional para Mujeres y Familias. De hecho, un panel de expertos comisionado por los Institutos Nacionales de la Salud publicó sus recomendaciones para la investigación sobre la salud de la mujer a fines del año pasado y pedía 15.700 millones de dólares adicionales para apoyar la investigación interdisciplinaria vital, incluidos los estudios para curar el cáncer, comprender afecciones como la endometriosis o los riesgos a largo plazo de las complicaciones del embarazo y los impactos de la menopausia. Lo mismo. 

A principios de febrero, también miles de sitios web gubernamentales cambiaron repentinamente o quedaron fuera de línea. Esto incluyó páginas web de agencias como el Centro para el Control de Enfermedades, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Administración de Alimentos y Medicamentos. Son páginas que incluían información vital para el público y los profesionales médicos, como información sobre vacunas y salud reproductiva, que fueron eliminadas para cumplir con la avalancha de órdenes ejecutivas, incluidas aquellas que instaron a las agencias federales a dar marcha atrás en las medidas de diversidad y género. 

Aunque un juez ordenó en este caso también a la Administración que restableciera el acceso en línea, algunos enlaces siguen caídos y los intentos del Gobierno “de ocultar y cambiar información necesaria para el público”, en particular información sobre cómo brindar atención y apoyo a las mujeres y las familias, continúan.

El Council on Foreign Relations de Nueva York ha constatado también que, en respuesta a las órdenes ejecutivas que terminan con la financiación de iniciativas de diversidad, las agencias financiadas por el Gobierno federal y ciertas corporaciones, están “eliminando las menciones de palabras clave relacionadas con la diversidad, la equidad y la inclusión de los materiales y sitios web”. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades eliminaron ya todos los artículos que se estaban considerando para su publicación que incluían los términos prohibidos. Los funcionarios también informaron que la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) está revisando las solicitudes de subvenciones y examinando a los beneficiarios para garantizar el cumplimiento de las directivas en vigor. 

Las subvenciones se examinarán para detectar el uso de palabras como “diversidad”, “inclusión”, “mujeres” y “raza”. Julia Barnes, una antropóloga con sede en Tennessee que recibe fondos de la NSF, reconoció al Council que “Estados Unidos no es un lugar estable para ser científico”. “Los científicos financiados por la NSF no cobran mucho, pero nos preocupamos mucho por la investigación que hacemos”, lamenta. 

Parece un absurdo borrado, pero sus consecuencias son brutales. Si no hay parámetros de raza o de género, no sólo se censura conocimiento, sino que se obstaculizan las investigaciones. Por poner ejemplos: de cáncer de mama, de ovarios, de fertilidad, de enfermedades cardiacas, de VIH… Este gabinete masculinizado impide hasta el progreso natural de la ciencia.

Relegadas en los empleos

Trump ha llegad echando a mucha gente, pero es llamativo el número de altas funcionarias que se han ido a casa. En la Junta Nacional de Relaciones Laborales o la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, por ejemplo, espacios donde las políticas de igualdad y equidad ya no se van a aprobar. Las listas cremallera, el reparto de cargos 50/50 o las políticas que facilitan la incorporación de las féminas al mundo laboral quedan en el cajón porque Trump cree que eso es desigualdad hacia el hombre. 

Durante 60 años, tanto durante las administraciones presidenciales demócratas como republicanas, la Orden Ejecutiva 11246 ha estado vigente para garantizar que los contratistas federales no discriminen a sus empleados por motivos de raza, religión, sexo, edad y otros. Ha sido una herramienta importante para erradicar la discriminación histórica de género, descubrir disparidades salariales difíciles de encontrar y ayudar a aumentar el número de mujeres en puestos de liderazgo de nivel superior y mejor remunerados, cuando antes habían sido excluidas debido a su género. Ahora se ha rescindido en su totalidad y todos los trabajadores (aunque las mujeres y las mujeres de color en particular son especialmente propensas a enfrentar discriminación) se quedan sin recurso ante la discriminación de los empleadores que reciben dinero de los contribuyentes.

La Oficina de Programas de Cumplimiento de Contratos Federales (OFFCP) tiene la tarea de hacer cumplir las leyes contra la discriminación para los contratistas federales, incluida la EO 11246. Supervisa los contratos con más de 25.000 empresas, que emplean al 22% de la fuerza laboral estadounidense, y ha recuperado miles de millones para trabajadores y solicitantes de empleo que sufrieron discriminación. Entre 2014 y 2024, obtuvo más de 260 millones de dólares para empleados y solicitantes de empleo que fueron discriminados y proporcionó alivio financiero a casi 260.000 empleados y solicitantes de empleo. 

A pesar de su papel “obvio” en la protección de al menos 36 millones de trabajadores, la Administración Trump también está tratando de desmantelar el poder de aplicación de la oficina. Un memorando del Departamento de Trabajo muestra que los líderes, según las instrucciones del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), el presidente Trump y Elon Musk, planean recortar la OFFCP en un 90%, cerrando 51 de las 55 oficinas y dejando solo 50 empleados para realizar el trabajo vital de la oficina.

“La dministración Trump está socavando la aplicación de los derechos civiles en todas las agencias federales, incluidos el Departamento de Trabajo, el Departamento de Educación y la Administración del Seguro Social. Eliminar las oficinas encargadas de investigar las denuncias de discriminación pone a todos en riesgo”, dicen las demócratas. Por ejemplo, la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación investiga cada año miles de denuncias de acoso racial, acoso sexual y violencia sexual, y discriminación contra estudiantes con discapacidades. “Socavar la capacidad de supervisión y aplicación de las agencias es peligroso para los millones de personas que dependen del Gobierno para hacer cumplir las leyes aprobadas para protegerlos”.

Hasta se está intimidando a las empresas del sector privado para que abandonen los esfuerzos por implementar prácticas de contratación equitativas y programas de diversidad e inclusión. También el primer día de su mandato, Trump firmó una orden destinada a desmantelar esos programas en el mundo laboral. El presidente Trump y sus aliados conservadores suelen utilizar la expresión DEI, de “Diversity, Equity, and Inclusion”, como sinónimo de discriminación percibida contra los hombres blancos, pero eso ignora la larga historia de racismo y sexismo que estos programas y leyes de derechos civiles están diseñados para remediar. 

La orden ejecutiva apunta a las medidas de equidad y amenaza los avances del sector privado en materia de contratación equitativa, igualdad salarial y antidiscriminación de las mujeres. En las semanas transcurridas desde la orden, muchas empresas han utilizado el “panorama legal en evolución” para recortar o cambiar sus objetivos. Entre ellas, para sorpresa de nadie, estaban Goldman Sachs, Accenture, Pepsi y Citigroup.

También está amenazada la implementación de la Ley de Equidad para Trabajadoras Embarazadas (PWFA), que exige a los empleadores ofrecer adaptaciones razonables a las trabajadoras que tengan necesidades relacionadas con el embarazo, el parto y otras afecciones médicas relacionadas. Protege a las trabajadoras que están embarazadas en algún momento del año y garantiza que tengan acceso a adaptaciones básicas como ir al baño y salir para citas médicas. 

Las trabajadoras embarazadas ahora se ven amenazadas por el enfoque de la administración Trump con respecto a la norma y la administración general. Una investigación de la National Partnership concluye que los esfuerzos por revocar o socavar la aplicación de la PWFA (Pregnant Workers Fairness Act) ponen en riesgo a 2,8 millones de trabajadoras embarazadas cada año.

La maldita ideología

Trump ha decidido que quiere “defender a las mujeres del extremismo de la ideología de género y restaurar la verdad biológica en el Gobierno federal” y para ello ha tomado varias decisiones, como que el Departamento de Salud publique una guía para fijar el uso de los términos “femenino” y “masculino”. No hay más. “Esta Administración está recuperando el sentido común y restaurando la verdad biológica en el Gobierno federal”, defiende. 

El memorando define términos como sexo (“la clasificación biológica inmutable de una persona como hombre o mujer”) y la dicotomía “femenino frente a masculino”. La redefinición de estos conceptos supone para muchos expertos un atropello del conocimiento científico. Más de 50 organizaciones que incluye a autores, editores, libreros, distribuidores y organizaciones sin fines de lucro de defensa nacionales y estatales condenaron esa censura, porque el efecto dominó que causará “afectará sin duda a las escuelas públicas, las bibliotecas públicas y la literatura que se encuentra en los estantes de ambas, lo que podría llevar a la censura de libros LGBTQIA+ en cualquier área que pudiera verse afectada por la retención de fondos federales”. 

“El destino de las personas trans, intersexuales y no binarias no es una ideología política, es una cuestión de derechos humanos, derechos civiles y libertad de expresión. La erosión de esos derechos por parte del gobierno debería preocupar a todos los estadounidenses, independientemente de su inversión en literatura LGBTQIA+ específicamente”, sentenció la organización PEN America en un comunicado.

En paralelo, en febrero, el magnate firmó otra una orden ejecutiva que prohíbe a las mujeres transexuales participar en deportes femeninos. “Ya era hora”, expresó al rubricarla. “A partir de ahora, el deporte femenino será solo para mujeres. Defenderemos con orgullo la tradición de las atletas y no permitiremos que los hombres las golpeen, las lesionen y hagan trampas contra nuestras mujeres y nuestras niñas. A partir de ahora, el deporte femenino será solo para mujeres”, afirmó el mandatario.

La Casa Blanca no aclaró cómo afectará la orden ejecutiva a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, pero Trump adelantó que intentará impedir que compitan mujeres transgénero. A las atletas que quieran competir en EEUU se les denegarán visados, avisó. 

También se ha decidido retirar la financiación federal a las instituciones que proporcionan atención de afirmación de género, aunque esta medida, como otras tantas, ha sido bloqueada temporalmente por un juez. Pretende  “proteger a los niños de la mutilación química y quirúrgica”, por lo que apuesta por que se suprima las subvenciones a la investigación y la educación para instituciones, incluidas facultades de medicina y hospitales, que presten atención para la afirmación del género a menores de 19 años. Tras la orden, varios hospitales de todo el país dejaron de prestar asistencia, incluidos bloqueadores de la pubertad y tratamientos hormonales. El daño ya está. 

Amenaza para el mundo

El viacrucis no se limita a las norteamericanas, porque Trump ha ordenado cerrar las oficinas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Así, los proyectos de cooperación del país quedan en vilo, con miles de despedidos y las arcas vacías, todo porque su consejero Musk le ha dicho que nada de eso beneficia a EEUU. 

El 20 de enero de 2025, el republicano congeló la asistencia internacional durante 90 días, alegando que era un tiempo necesario para que el Gobierno federal pudiera revisar y determinar si los programas apoyados con dólares reflejan los intereses y valores de ese país. Ya el 24 de enero, el Departamento de Estado emitió una orden de “paralización de las obras”, suspendiendo toda la ayuda exterior existente y nueva. 

El secretario de Estado, Marco Rubio, inicialmente previó algunas excepciones a esa orden, incluida la asistencia alimentaria y el apoyo militar a Egipto e Israel, por ejemplo, para que entrase ayuda a Gaza. El 29 de enero, emitió una exención adicional para que la “asistencia humanitaria vital”, que incluye medicamentos y otros suministros, siguiera fluyendo, aunque no está claro si esto ha sucedido en la práctica. A principios de febrero, en un supuesto esfuerzo por reducir el gasto federal, la administración absorbió directamente la USAID. A fines de mes, una oleada de cancelaciones de contratos y litigios aumentó aún más la enorme incertidumbre mundial sobre el futuro de la asistencia exterior estadounidense y provocó interrupciones en servicios que abarcaban desde el alivio de la hambruna hasta el tratamiento del VIH.

La Administración ha dejado en claro que Estados Unidos vinculará la asistencia más estrechamente a su agenda política, pero habrá que esperar a más anuncios para ver cómo se concretará eso. “Sin embargo, no es demasiado pronto para evaluar que, dentro del panorama general de la asistencia exterior reducida, la programación para las mujeres corre un riesgo particular”, escribe Cristal Downing, directora de proyectos de género y conflicto en el International Crisis Group (con sede en Bélgica y Reino Unido). 

En una de sus primeras comunicaciones sobre la congelación, la Administración Trump “señaló las iniciativas destinadas a la igualdad de género, incluida la salud sexual y reproductiva, como incapaces de cumplir con las prioridades de hacer que “Estados Unidos sea más fuerte, más seguro o más próspero”. En los primeros días de la congelación, algunos expertos calcularon que, por sí sola, privaría a 11,7 millones de mujeres y niñas de servicios de planificación familiar en todo el mundo, cuyas consecuencias se sentirán durante años. Esto no tuvo en cuenta la posterior ola de cancelaciones de contratos, que pone en duda el futuro de alguno de los programas pertinentes”, expone.

Pero más allá del recorte general de la asistencia y la despriorización de la financiación para las iniciativas de igualdad de género, hay otro giro en lo que respecta a la prestación de servicios de salud a mujeres y niñas, avisa, pues el 24 de enero Trump firmó un memorando presidencial que restablecía la llamada “política de la Ciudad de México”. Una idea introducida en la capital mexicana por el presidente Ronald Reagan en 1984 y aplicada por las Administraciones republicanas durante un total de 21 años desde entonces, rescindida por las administraciones demócratas al asumir el cargo. 

Dicha política “ha condicionado tradicionalmente la asistencia estadounidense para la planificación familiar al compromiso de la ONG extranjera beneficiaria de no “realizar o promover activamente el aborto como método de planificación familiar”. Esto limita no sólo lo que las ONG beneficiarias pueden hacer con la financiación estadounidense, sino también la forma en que pueden utilizar otros fondos”, denuncia. 

Como el Gobierno estadounidense interpreta la frase”“promocionar activamente” de modo que incluya cualquier tipo de asesoramiento que haga referencia al aborto (con excepciones en caso de violación, incesto y para salvar la vida de la paciente), los críticos han calificado la política de la Ciudad de México de “regla mordaza global”.

Los profesionales de las ONG afirman que la política tiene “un efecto descomunal” en la atención médica a la que pueden acceder las mujeres y las niñas en situaciones de conflicto, donde la inseguridad, la escasez de atención médica y las altas tasas de violencia sexual son endémicas. La política también reduce la prestación de atención médica en los campos de refugiados, donde los civiles a menudo se ven obligados a buscar refugio durante la guerra. En las zonas rurales afectadas por conflictos, una clínica puede ofrecer una variedad de servicios de salud, desde anticoncepción y detección de cáncer de cuello uterino hasta abortos. Todo eso se puede a perder. 

En este 8 de marzo, las mujeres tienen poco que celebrar con Donald Trump. En su casa y fuera de ella.